Enrique Echeverría

Con su dinero

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6 de June de 2011 00:02

La vivencia en los sectores burocráticos, de por sí no es muy grata: depende del buen o mal humor del jefe; de la buena relación con los compañeros de trabajo; y, sobre todo, de las proyecciones que puede esperar en el futuro por las decisiones que adoptó como autoridad competente.

El Banco Central del Ecuador consultó a la Procuraduría Ge-neral del Estado lo que sigue: si …“puede cubrir los gastos de defensa de sus ex funcionarios, cuando las acciones judiciales emprendidas contra ellos estaban relacionadas con las actividades desempeñadas mientras estaban en funciones”.

Según el extracto, publicado en el R.O. Nº 69, del 18 de noviembre del 2009, la Procuraduría emitió este “Pronunciamiento.- La contratación de abogados especializados en las materias requeridas, procede cuando aquella tenga por objeto asumir la defensa judicial o administrativa en asuntos en los que tenga derechos o intereses ‘la entidad’, considerando que la excepción legal ‘no está prevista’ para la defensa de los derechos personales de funcionarios o ex funcionarios públicos”.

Antes del año 2009, al publicar la Ley Orgánica de la Procuraduría (13 de abril del 2004) ya se manifestó el mismo concepto central: contratar abogados en libre ejercicio profesional “para que asuman la defensa administrativa o judicial de los derechos e intereses de sus representadas”. Pero introdujo esta excepción: …“así como de modo excepcional para prestar asesoría sobre asuntos de interés institucional, que requieran de experiencia o conocimientos especializados”.

El temor de quienes ocupan el cargo posteriormente al ahora enjuiciado y que ya salió del empleo, se torna más profundo por la Ley de la Contraloría General del Estado que define lo que es la responsabilidad civil culposa.

En buen romance: el funcionario que adopta decisiones, en el caso de que por alguna de ellas –cuando ya está fuera de la entidad es sujeto de denuncia o juicio penal- deberá costear su defensa en el proceso con su propio dinero, pues el o los abogados que deban defenderle en el juicio no recibirán pago de honorarios de la entidad en la que trabajó y en la que adoptó la decisión.

El cercano futuro de ex funcionarios resulta, así, inquietante. Por lo general, la operación política denuncia al ex funcionario por algún delito, preferentemente “peculado”. Por cuanto la entidad para la que trabajó y en la que adoptó la decisión motivo de la denuncia penal, no puede pagar su defensa, deberá cubrir los gastos con dinero de su propio peculio. Dura y peligrosa proyección, riesgo constante, peligro de que su honra quede en el suelo por la denuncia y que su economía se aniquile. Pero así determinan los que están de turno en el mando. La vida burocrática se torna más ingrata y totalmente peligrosa, al borde del juicio penal y cercana a la cárcel.