El plan oficial sobre el dinero electrónico marcha al ritmo del año pasado, es decir, no va a ningún lado. Aunque nadie cuestiona la validez de un nuevo medio de pago que facilite las transacciones comerciales, la forma en que se quiere implementar el dinero electrónico en el país genera desconfianza no solo entre agentes del sistema financiero, sino también en ciudadanos, empresarios, ex autoridades económicas, analistas, políticos y candidatos a la presidencia.
El Gobierno puede decir que se trata de una oposición al Régimen, pero eso no ayuda a despejar las dudas que existen sobre un plan manejado únicamente por el Banco Central del Ecuador, el cual se ha mostrado muy flexible en usar la liquidez de la reserva para financiar al Gobierno, sin mayor control.
La banca privada ha expresado públicamente su desconfianza sobre la forma en que el Gobierno quiere implementar el dinero electrónico y sobre el papel del Banco Central, que entraría a competir con la banca comercial, lo cual lo desvía de su misión.
El Presidente de la República, Rafael Correa, respondió que él no confía en los banqueros. Y puso a la ciudadanía a escoger entre la revolución ciudadana, con el Banco Central a la cabeza, y los banqueros, a quienes los acusó de haber quebrado el país en el año 1999.
Aunque es lamentable que un Presidente envíe señales de desconfianza sobre el sistema bancario, más cuando el país atraviesa una crisis económica, la oferta del Primer Mandatario no se puede aplicar. Si un ciudadano quiere tener dinero electrónico en la banca privada no puede hacerlo porque la Ley entregó ese manejo únicamente al Banco Central, que se quedó con el monopolio.
Para que la oferta del Presidente se lleve a cabo hay que reformar la Ley, con el fin de que los ciudadanos puedan escoger quién maneja sus cuentas de dinero electrónico. Insistir en lo mismo solo generará el mismo desinterés que existe hasta ahora.