Oswaldo Jarrín R.

Dignidad militar

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Columnista invitado

La presencia del Alto Militar en la Corte Nacional de Justicia, ante el Auto de llamamiento a juicio por la desatinada calificación de lesa humanidad que se imputa por supuestos delitos a personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a simple vista es la debida respuesta que se debe dar y exige el enorme respeto, inmenso prestigio y gran confianza que posee la población para su Institución Militar, sintiéndola parte sustancial de la nación ecuatoriana.

No sorprendió la ausencia del Ministro de la Defensa Nacional, representante político estratégico, administrativo y representante legal de las Fuerzas Armadas. Ya que no es la primera vez, sino más bien ha sido concurrente la ausencia del ministro en las diferentes situaciones apremiantes que ha vivido el país. La Institución Militar ha tenido que afrontar compromisos indeclinables que no admite explicaciones, sino afrontar con decisión situaciones que no dejan de expresar la falta de coordinación y cohesión en la capacidad de gestión de la defensa nacional.

Por lo tanto, decir que la presencia del Alto Mando generaba presión ante la justicia, a más de ser una ligereza es desconocer la innumerable serie de acciones sucesivas que vienen deteriorando a la naturaleza, misión, cuantificación, “equipamiento militar”, moral, sueldos, pensiones, autonomía del seguro social, que tratando de ampararse en cuerpos legales como el Libro IV, reforma a la Ley de Seguridad Publica y las Enmiendas Constitucionales en sus propuestas 6 y 14. Enmiendas con las cuales se quiere unas Fuerzas Armadas que cumplan tareas de “control del orden público” sin estado de excepción, como también lograr la eliminación de la autonomía del Issfa.

Todas estas afectaciones llegaron a su clímax, cuando a la Institución Militar en ausencia funcional de su representante político y legal se la trata de inculpar en crímenes de lesa humanidad, artificiosamente bajo el eslogan “no se refieren las imputaciones a las FF.AA. sino a sus miembros”.

Como bien describía una pancarta, “los militares no somos criminales”; es decir no son formados y habilitados en procedimientos de lesa humanidad. ¿Se puede concebir la calificación de lesa humanidad cuando el Estatuto de Roma apenas es firmado en 1998, por el Ecuador? ¿ es posible forjar una ley para aplicarla fuera del tiempo a las causales establecidas en la época de los supuestos delitos? ¿Hay posibilidad de creer en la existencia de una Política trascendental para la comunidad internacional con Planes de ataque generalizados y sistemáticos contra la población ecuatoriana? ¿Existen las suficientes evidencias, es decir pruebas objetivas, ciertas, claras, que resulten innegables de los delitos cometidos?
Evidentemente se ha abierto una polémica de gran magnitud, pero también es innegable la indignación colectiva, probablemente debido a la desinstitucionalización que vive el país.