Carlos Jaramillo

El difunto T. Constitucional

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Continúa en primer plano mediático la resolución de la Asamblea Nacional de que se enjuicie a los diputados que, en diciembre del 2004, declararon cesantes a 28 de los 31 ministros de la Corte Suprema de Justicia, que en la Constitución de 2008 pasó a denominarse Corte Nacional de Justicia, y a los nueve magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que, así mismo, se convirtió en Corte Constitucional (CC), como una de las revolucionarias transformaciones del socia­lismo del siglo XXI.

Han surgido nuevos ingredientes y el pedido del presidente Rafael Correa, de que se haga extensivo al expresidente Lucio Gutiérrez el proceso de repetición, para que se reponga el monto de aproximadamente USD 15 millones, que está pagando ya el Estado a los 37 beneficiarios del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Mientras tanto, el exmandatario Abdalá Bucaram ha anunciado desde Panamá que el 26 de este mes concurrirá ante este órgano judicial de la OEA, con sede en Costa Rica, para demandar el pago de la indemnización que considera tiene derecho por su derrocamiento, el 6 de febrero de 1997, tras graves denuncias y concentraciones populares en su contra y la declaratoria del Congreso de entonces de incapacidad mental para gobernar.

El coronel Gutiérrez afirma que, en su caso, se trata de una obsesión persecutoria del actual gobernante, que incluso pretende privarle de la pensión que le corresponde como expresidente. Sostiene, adicionalmente, que los responsables
de la sanción de la CorteIDH son los abogados del Estado que no han actuado en forma eficiente y que, por tanto, debe exigirse a ellos el resarcimiento de la compensación establecida.

Con el patrocinio del Gobierno, el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, fue designado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de junio, y actualmente está en trámite el proceso para reemplazar a tres vocales, de conformidad con la Constitución vigente.

Para variar, los aspirantes mejor calificados para llenar dichas vacantes son elementos estrechamente vinculados al Régimen y conforman la terna de la cual ratificará las designaciones la Asamblea Nacional para un período de nueve años y los posesionará el 6 de noviembre. Una exasesora del Presidente de la República y expresidenta de la Comisión Calificadora que seleccionó a los integrantes de la actual Corte Constitucional obtuvo la calificación de 100/100.

Asambleístas de oposición consideran que los juicios de repetición propuestos podrían convertirse en precedente para múltiples demandas al Estado y búmeran para cuando cambie la correlación de fuerzas políticas en el país, por lo que algunos personajes deberían poner desde ya las barbas en remojo pues, como dice un refrán “El mundo da vueltas” y la venganza es una especie de deporte nacional.

cjaramillo@elcomercio.org