Marianela Jarroud

Borrar la sombra de la dictadura

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25 de junio de 2014 19:28

Chile se comprometió este mes ante la comunidad internacional a impulsar una serie de reformas, para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y borrar así las persistentes sombras de la dictadura en el fundamental sector de las garantías ciudadanas.

Avanzar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reformar la polémica ley Antiterrorista, garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios y el acceso universal a la educación y la salud, son algunos de los compromisos que acaba de adquirir Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Vemos siempre una tendencia de Chile de ir caminando hacia el cumplimiento de sus obligaciones”, afirmó a IPS el representante regional para América del Sur de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra.

El 19, el país rindió por segunda vez en su historia el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ante el Consejo, en la ciudad suiza de Ginebra, el Gobierno formalizó su aceptación de 180 de las 185 recomendaciones que le hicieron los 84 Estados miembros y rechazó cinco.

Chile es uno de los países latinoamericanos más conservadores y uno de los seis en todo el mundo que prohíben el aborto en cualquier circunstancia. El divorcio se aprobó solo en 2004 y el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales (Glbti) aún pelea por el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

La educación y la salud están profundamente segregadas, lo que genera un espiral de desigualdad que la sociedad clama porque se revierta en este país de algo más de 17 millones de habitantes.
Otro grave problema afecta a los pueblos indígenas, que carecen de reconocimiento constitucional y que protagonizan desde hace décadas enfrentamientos con las autoridades y poderes fácticos para que se les restituyan las tierras ancestrales.

Las recomendaciones del Consejo de DD.HH. fueron respondidas en primera instancia por el gobierno del derechista Sebastián Piñera (2010-2014), apenas unas semanas antes de dejar el poder en marzo. Piñera aceptó 142 recomendaciones, rechazó 13 y “tomó nota” de otras 30, argumentando que no podía comprometer el cumplimiento de estas, porque su aprobación dependía del bicameral Congreso.

“La figura de ‘tomar nota’ fue una novedad en materia de derecho internacional porque las recomendaciones se aceptan o se rechazan”, criticó la abogada del estatal Instituto Nacional de DD.HH. Paula Salvo.

El 30 de mayo, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet envió por escrito una “corrección” a la primera respuesta, en la que aceptó 180 recomendaciones y rechazó cinco, entre esas cinco dos del Vaticano, sobre el derecho de la persona desde la concepción y la protección de la identidad familiar tradicional, y otra sobre el derecho de Bolivia a una salida al mar.

IPS