Federico Chiriboga

Del dicho al hecho

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fchiriboga@elcomercio.org

En más de una sabatina hemos escuchado al Presidente de la República criticar el exceso de trámites y las molestias que padecen los ciudadanos que recurren a la administración para realizar una gestión.

Suele ser usual que las expresiones presidenciales de los sábados adquieran categoría de ley y que el lunes siguiente los funcionarios pongan empeño para cumplir con las instrucciones que vienen de arriba. Esta impresión, sin embargo, parece que no es del todo cierta, como paso a ilustrar con un caso que conozco de primera mano y que pone de manifiesto el tortuguismo de la administración pública.

Un extranjero, casado con ecuatoriana, requiere cambiar la visa de inmigrante del pasaporte caducado al nuevo que acaba de obtener. En principio se trata de un trámite simple: estampar la visa nacional en el pasaporte recién adquirido. Pero no, ese sencillo procedimiento se convierte en un vía crucis para el extranjero.

Veamos los pasos que deben darse y las idas y venidas que se realizan para tan elemental gestión: partida de matrimonio, obtención en la Policía Migratoria del movimiento migratorio. De la Amazonas y República viaje a La Niña y Colón para solicitar la transferencia.

Esperar 10 días para que esta sea aprobada, lo que se notifica por correo electrónico. Regreso a la Dirección General de Extranjería para entregar el pasaporte y después esperar entre 4 y 5 días para recuperarlo, lo que puede hacerlo el propio interesado, un abogado con una carta de autorización o un ciudadano revestido de poder notarial. Todo este trámite para cambiar un sello de un pasaporte a otro, que podría hacerse en cuestión de 15 minutos y que exige, además, pagos en las diversas etapas que suman USD 78.

El hocico del Ogro Filantrópico está siempre abierto para dar mordiscos en forma de tasa a quien pasa por su lado. Y lo que es más, se contraviene el art. 61 del Reglamento a la Ley de Extranjería que prohíbe retener o retirar un pasaporte y establece que este sea sellado en presencia del interesado y devuelto de inmediato.

Todo ello es juego de niños frente al interminable calvario que deben seguir los discapacitados para obtener su reclasificación, una vez que la actual Ley de Discapacidades canceló las calificaciones anteriores, después de esperar y desesperar en el pasillo de los hospitales públicos, en los que solo hay una respuesta: se agotaron los turnos.

Creo que necesitaremos de múltiples sabatinas y destituciones para lograr que la burocracia entienda que presta un servicio público y que su función no es la de poner una y más trabas a los ciudadanos que no tienen más remedio que recurrir a sus dependencias en ejercicio de un derecho.