Sebastián Mantilla

Del diálogo nacional

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Trasvarios días de fuertes protestas y manifestaciones en casi todo el país, provocadas por el envío a la Asamblea Nacional de las leyes de las Herencias y de la Plusvalía, el gobierno del presidente Rafael Correa ha tenido que declinar.

Si no lo hacía, el nivel de la protesta y confrontación social hoy en día sería elevado, con consecuencias graves no solo para el régimen sino para el Ecuador como tal. De ahí que, no sé si con el afán de ganar tiempo y/o bajar de alguna manera el nivel de insatisfacción de la población, el Gobierno ha planteado como alternativa convocar a un “Diálogo nacional por la equidad y justicia”.

En palabras del secretario nacional de Planificación, Pabel Muñoz, el objetivo de este diálogo nacional no solo radica en debatir sobre el Proyecto de Ley de Distribución de la Riqueza (herencias) y de Plusvalía sino, en esencia, sobre el tipo de sociedad que aspiran todos los ecuatorianos.

Suena bien pero en realidad esta propuesta genera más dudas que certezas. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Gobierno desde hace tiempo no está acostumbrado a dialogar sino a imponer su voluntad. Si se analiza en detalle cual ha sido el proceso que se ha seguido para la aprobación de casi todos los proyectos de ley, estos, en lugar de ser el resultado de un amplio debate, han respondido a un solo criterio: el del oficialismo.

Pensemos, por ejemplo, en la Ley de Educación Superior, el Código Monetario y Financiero o la Ley de Justicia Laboral.
En segundo lugar, la propuesta es inconsistente conceptualmente desde un inicio. No es que el tema de la equidad y justicia social sea poco relevante. Lo que sucede es que este no puede abordarse sin pensar al mismo tiempo en el tipo de modelo económico y político que se requiere. Lo social no se sobrepone a lo económico o político. Están al mismo nivel.

Si nos ponen, entonces, a pensar en el tipo de sociedad que aspiramos todos, como ha dicho el Secretario Nacional de Planificación, posiblemente se llegue a la conclusión no solo de que las leyes propuestas por el Gobierno deberían ser archivadas. El estilo y actitud del régimen deberían cambiar.
Por ello, quien debería preguntarse qué tipo de sociedad queremos todos es en primer lugar el propio Gobierno.

Los ciudadanos se han pronunciado en las últimas protestas. No queremos un Estado confiscatorio, inseguro para invertir, con leyes y marcos jurídicos que cambian a cada rato, extractivista y poco cuidadoso del medioambiente, sobreendeudado, altamente burocrático, poco sensible con los problemas de la seguridad social, autoritario y abusivo, poco participativo…

Está bien que convoquen al diálogo y escuchen. Sin embargo, no debe ser un diálogo de sordos, donde al final el régimen imponga su voluntad.

Si no rectifican, la chispa de la protesta social se encenderá nuevamente, quizá con más intensidad y con unas consecuencias impredecibles.

smantilla@elcomercio.org