Por más que los políticos y parte de los actores sociales en sus discursos repiten una y otra vez la necesidad de acudir al diálogo, para de manera consensuada realizar los cambios que coloquen al país en el sendero del crecimiento y generación de riqueza, en los hechos nada de eso es real. Cada cual actúa según su propio interés tratando de sacar ventaja de tal o cual coyuntura, sin que el objetivo sea otro que alcanzar determinados beneficios de grupo o particulares. Esto se ha puesto en evidencia nuevamente. En la Asamblea legislativa se ha presentado un proyecto de ley de reforma laboral, preparado por un denominado Comité Permanente Intersindical de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, que plantea la reforma de temas laborales tales como la contratación colectiva, los conflictos colectivos y el ejercicio de la huelga. Resumiendo, el proyecto trata de introducir cambios que se entiende hubiesen sido propuestos en la etapa histórica en que se discutía el acceso al poder de los trabajadores mediante la lucha de clases y la disputa laboral era parte de un proyecto político general, pero no en los tiempos actuales que lo que se requiere con urgencia es crear fuentes de empleo, atraer inversión, generar riqueza e inclusión social.
Este proyecto es una reproducción de tesis de la lucha política: ampliar el poder de organizaciones laborales para suscribir contratos colectivos mediante la amenaza, que si no se suscribe se procederá al inicio de un conflicto. Se propone que, al inicio mismo del conflicto, se puedan solicitar medidas cautelares sobre máquinas, instalaciones, etc. Además, se plantea que se permita la negociación colectiva por rama, por ejemplo en minería , con la posibilidad de declarar la huelga en esa actividad en forma nacional o cantonal. Hay que aclarar que el proyecto cuenta con el auspicio de asambleístas como el general Paco Moncayo y César Montúfar. Resulta inentendible que, a esta altura de los tiempos, un proyecto de esa naturaleza no sea tratado en el Consejo del Trabajo, en el cual a más del Gobierno existe representación de los trabajadores y los empleadores. Esa es la fórmula que se aplica en los países en donde el diálogo se encuentra institucionalizado y no es retórica. Donde las partes llegan a consensos básicos sobre los planteamientos propuestos, única manera que el producto final tenga legitimidad y sea aplicable.
El camino que se escoge en el Ecuador es otro. Sin embargo, no se percibe que con ese proceder el país está condenado al ostracismo y la mayoría de la población a la pobreza. Es inconcebible que personas que consideran que hay que avanzar hacia una sociedad moderna apoyen esta clase de proyectos que, de aprobarse, impedirán aún más el ingreso de capitales. Ciertamente, si políticos de la oposición plantean estas propuestas, es difícil creer que el país tenga salida aún en el mediano y largo plazos.