26 de February de 2014 00:01

¡Diálogo, ahora más que nunca!

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En El Salvador, años ochenta, una guerra civil le costó la vida a casi 100 000 seres humanos, para que, finalmente, después de una sangrienta década de combates, las partes en conflicto llegaran a acuerdos de paz, se incorporaran los grupos guerrilleros a la política y la nación centroamericana emprendiera un proceso de reconstrucción nacional para abrir paso a la democracia. Hoy el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es gobierno y es altamente probable que retenga el poder en la segunda vuelta.

En Venezuela estamos a tiempo de parar la caída hacia el tobogán de la violencia incontrolable. Ciertamente, hemos ido lejos en los últimos días, pero lo que ha ocurrido es apenas un cuento infantil con lo que nos puede pasar si no le bajamos dos a la locura. Más de 10 muertos, centenares de detenidos, decenas de heridos y bienes públicos y privados sometidos a la dinámica de la destrucción son más que suficientes para que le metamos sensatez al asunto. ¿O mejor esperamos un poco más de sangre, violencia y muerte para sentarnos a conversar sobre lo que nos reclama nuestra adolorida patria? No es aceptable la violencia en cualquiera de sus presentaciones y venga de donde venga. Tampoco es aceptable que en nombre de la necesidad de enfrentar a quienes promueven destrucción de bienes públicos y escenarios que pueden derivar en acciones claramente insurreccionales se apliquen medidas represivas que violenten los derechos humanos y las garantías constitucionales. El uso de armas de fuego en manifestaciones está expresamente prohibido por las leyes y convenios internacionales. La tortura es un delito contra los derechos humanos y no prescribe. El gobernador del Táchira ha ofrecido excusas por los excesos de la Guardia Nacional.

Como principio, debe respetarse absolutamente la protesta pacífica, que enriquece la democracia y permite la expresión cívica del descontento, ha sido inobjetable. Pero así como no se debe guardar silencio frente a los abusos contra los derechos humanos, y ante la acción de grupos armados que se autodefinan revolucionarios, tampoco puede callarse frente a la expresión violenta que se ha enseñoreado en la capital, particularmente en el municipio Chacao, el estado Táchira y en otras regiones del país.

¿Eso de provocar la muerte de motorizados entra dentro de la categoría de protesta cívica? ¿Qué otras acciones aberrantes debemos presenciar para convencernos de que hay que aislar la violencia y darle fuerza al diálogo autocrítico y fructífero para encaminar la solución? ¿O va a pasar a la categoría de prócer quien dé clases de cómo matar con mayor efectividad? Nicolás Maduro tiende la mayor responsabilidad en crear condiciones para dialogar y rectificar . Y la oposición democrática tiene que mostrar su capacidad de actuar políticamente y de aislar a quienes rinden culto a la violencia y a los atajos para tomar el poder. Es responsabilidad de todos que el país no se vaya de las manos.

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