Miguel Rivadeneira

Deudas y acomodo en la Justicia

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30 de April de 2012 00:02

El escándalo por la grabación que hiciera la ex jueza Mónica Encalada al juez Juan Paredes abrió otro debate legal, que pone a los pájaros contra las escopetas. La denunciante pasa al paredón mientras los acusados, que no niegan las reuniones ni los contenidos aunque primero sí lo hicieron y mintieron, van al ataque sin argumentos jurídicos y, como siempre, con amenazas de juicio, que son acciones mediáticas y que lo que dicen es última palabra.

Autoridades judiciales, fiscales y hasta medios de comunicación restan importancia, pese a lo que faculta el Código de Procedimiento Penal. El catedrático y ex vocal del Consejo de la Judicatura, Ricardo Vaca, tiene un análisis jurídico sobre la validez de las grabaciones y concluye, basado en el Código, que es equivocado sostener que toda grabación de voces o filmación de conversaciones es ilegal si no se contó con previa autorización escrita del juez. El argumento: es un grave error partir de supuestos equivocados, basados en una generalización que afectaría a la sociedad, restaría eficiencia al combate de la criminalidad y repercutiría en la validez de las actuaciones probatorias, indispensables para una correcta administración de justicia.
¿Qué pasa con las filmaciones que se hacen en bancos, aeropuertos, lugares públicos y en tantas entidades? ¿Acaso no han adjuntado en procesos contra opositores? El jurista relata que él una vez en el Consejo grabó una conversación mantenida con un juez corrupto que exigía dinero a la hermana de un detenido por una causa penal, lo que constituyó prueba y fue destituido, tras verificarse su autenticidad. En el presente juicio, debiera valorarse y procesarse para que no sea enterrado, sin esclarecerse como el caso Restrepo.

Para unos casos son diligentes, pero para otros hay lentitud en los procesos: la creación de juezas y jueces de garantías penitenciarias, que dispone la Constitución. La crisis carcelaria sigue latente, más allá de las emergencias decretadas desde el 2007, pese a que se ha contado con más recursos que gobiernos anteriores no pusieron. El Consejo de la Judicatura de transición ha avanzado en infraestructura con la rápida firma de contratos directos, que están en análisis de Contraloría y Fiscalía, tras el hallazgo de miles de dólares billetes en una oficina particular.

Según la Ministra de Justicia, el hacinamiento en las cárceles bajó del 78 % al 56 % y existe cerca del 50 % de los detenidos que tiene prisión preventiva. Es decir, hay reducciones pero estamos hablando de más de la mitad de la población carcelaria que sigue hacinada y también cerca de la mitad que está presa sin sentencia. No existe una política de Estado que involucre a todos los actores. Los jueces y tribunales sentencian pero quienes hacen ejecutar lo juzgado están fuera de la Función Judicial.