Sebastián Hurtado

Deudas alegres

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9 de October de 2012 00:03

En un nuevo despliegue de irresponsabilidad y desconocimiento de la realidad, una significativa mayoría de la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada una reforma legal que limitará seriamente la disponibilidad de información crediticia en Ecuador.

La “Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia (y otras)” crea un nuevo ente gubernamental denominado Registro de Datos Públicos (RDP), que monopoliza la información sobre las obligaciones crediticias con instituciones financieras y empresas comerciales que operan en Ecuador. Al mismo tiempo prohíbe que los ciudadanos puedan entregar libremente dicha información a terceros y que entidades privadas independientes la puedan recolectar. Lo que no sólo supone una limitación abusiva a las libertades individuales, sino que además liquida un moderno sistema privado de información que ha ampliado significativamente la disponibilidad de información crediticia en el país, tan importante para tomar decisiones de negocio.

Además del sustancial costo económico que supondrá la puesta en marcha y operación de una nueva entidad burocrática, probablemente no pasará mucho tiempo hasta que, como ha sucedido en otros casos, la seguridad de la información crediticia de los ciudadanos se encuentre comprometida o disponible en el mercado negro. ¿Será que empezaremos a encontrar en las calles carteles que ofrecen “limpiar el récord crediticio” tal como sucede hoy con “el récord policial”?

Los asambleístas se han adelantado a prohibir el acceso al historial crediticio de más de tres años de antigüedad, así como del derivado del impago -por hasta USD5 000- de obligaciones con la banca en poder del Estado. Además de tratarse de un indebido beneficio económico para un grupo minoritario de ecuatorianos, a costa de los demás, la decisión legislativa borra, sin beneficio de inventario, el récord crediticio de deudores claramente incumplidos.

El ciudadano con deudas vencidas por menos de USD 48, también limpiará automáticamente su registro crediticio, como si incumplir deudas pequeñas fuese “menos malo” que hacerlo con deudas grandes.

Por otro lado, la legislación obliga a empresas no-financieras y personas naturales que otorguen crédito comercial, a remitir periódicamente al RDC una enorme cantidad de información sobre sus operaciones crediticias y los documentos que las soportan. Esto implica una nueva y costosa carga administrativa para el sector privado, que se suma a otras innumerables cargas burocráticas que han sido introducidas recientemente.

En conclusión, se trata en esencia de una ley demagógica que hace una nueva apuesta a favor del estatismo, limita los derechos de ciudadanos y empresas, impone nuevos costos a las actividades económicas, e incentiva la irresponsabilidad de los deudores.