El examen especial de la Contraloría es lapidario: el endeudamiento público durante el correato fue irresponsable, desmesurado y presuntamente ilegal en algunas de sus partes. La deuda está en USD 66 mil millones. La Cámara de Comercio de Quito le suma otros pasivos con lo que trepa a la exorbitante cifra de US 90 mil millones, el 87% del PIB, o sea más del doble de lo permitido por ley.
Esto lo decíamos la mayor parte de quienes opinamos de economía, pero poca mella hicimos en la opinión ante la avalancha publicitaria oficial, sabatinas incluidas, mientras que a la prensa el Superintendente Ochoa la tenía amenazada con la ley mordaza.
El presidente Moreno denunció el extremado endeudamiento y dio cifras reales. Pero su ministro de Finanzas minimizó el problema, y el gobierno siguió endeudándose.
La flamante Ministra de Finanzas rectifica el discurso oficial y reconoce que el país no puede seguir endeudándose. Se impone la política de no más deuda.
Pero no es tan fácil. ¿Qué hacer cuando vencen los créditos? No hay dinero para pagarlos. Por lo que en lugar de “no más deuda”, debe decirse “no más aumento de la deuda”. Habrá que endeudarse para pagar los vencimientos de capital. Habrá que reestructurar lo que se pueda, la deuda con China en particular, las “preventas de petróleo” que son préstamos, como correctamente observa la Contraloría.
Pero aún el objetivo de “no más aumento de la deuda” es inalcanzable. Si no entra crédito externo, el gobierno no podrá pagar a contratistas, a proveedores, ni siquiera a empleados. Dejaría de entrar dinero del gobierno al sistema financiero, caerían los depósitos. Las empresas venderían menos, por lo que tendrían que cortar gastos, despidiendo, y no tendrían como pagar a los bancos. Menos ventas y menos utilidades son menos recaudaciones fiscales. La ciudadanía sin ingresos tendría que consumir sus ahorros.
Con la caída de depósitos y el incremento de la cartera vencida, la banca perdería liquidez y requeriría retirar sus depósitos en el Banco Central. Pero éste le ha prestado al gobierno USD 3 mil millones y destinó USD 2 mil millones más a “comprar” los bancos estatales. Por lo que el Central no podría devolverle a los bancos nuestra plata que forzosamente tuvieron que depositar en el Central. Entraríamos en un círculo vicioso en que la economía se contraería permanentemente y el sistema financiero peligraría.
El programa de María Elsa Viteri debe enfocar cómo va reducir el gasto público, lo que tendrá que ser gradual, y cómo financiar ese programa: la única opción: El Fondo Monetario y otros organismos multilaterales.
Si no comenzamos a hacer el ajuste hoy, de manera controlada, se dará pero de manera brutal, con enorme costo social, el día que los acreedores nos corten el crédito.