El año 2008, el pueblo aprobó la Constitución concebida por Alianza País, que habría de regirnos por trescientos años, según se proclamó. Al consagrar un régimen presidencialista fuerte, la Constitución estableció la reelección del Jefe de Estado, por una sola vez. Sin embargo, por consideraciones personales, determinó que la elección producida después de entrar en vigencia, sería considerada como primera, para todos los efectos legales. Prolongó así el mandato de Correa, que ya llevaba dos años en el poder. Su “primera” reelección -que debe ser la única- ocurrió en febrero de este año.
La más respetable doctrina democrática reconoce la conveniencia de la alternabilidad en el ejercicio del mando, para evitar los abusos y la corrupción que se originan por la concentración del poder en una sola persona que -decía Bolívar- puede acostumbrarse a mandar tanto como el pueblo a obedecer, lo que degenera en tiranía. Así lo prueba la historia. A esta verdad se ha respondido arguyendo que no hay razón para impedir que un jefe de estado pueda seguir gobernando si así lo decide el pueblo. Se invoca el respeto a la voluntad popular para favorecer la reelección, pero se olvida que ese mismo pueblo soberano resolvió organizar el estado de derecho fundándolo en la vigencia de la ley y el fortalecimiento de las instituciones. No cabe desobedecer este pronunciamiento para acomodarlo a intereses coyunturales de un gobernante.
A pesar de que Correa prometió respetar la Constitución de Montecristi y ha reiterado que el actual será su último período presidencial, los dirigentes de Alianza Pays han empezado a difundir la noción de que el “proyecto revolucionario” requiere de más tiempo para llevarse a cabo. Sobre tal base, se ha invitado al Alcalde de Guayaquil -cuya reelección no está prohibida por la Constitución- a firmar un pacto para aprobar la reelección indefinida. Sorprenden la falta de solidez académica y la demagogia de esta argumentación que, en última instancia, ofende a todos los ecuatorianos, como también asombra que se arguya infantilmente: si me molestan les molestaré buscando la reelección indefinida. No son las voluntades de dos políticos las que van a determinar el futuro de la estructura jurídica del país. Las instituciones democráticas se fortalecen mientras más se las respeta y despersonaliza. Acomodarlas a intereses individuales es sembrar el desorden y propiciar el caos.
El movimiento político que da sustento al Gobierno, a más de desacreditar a Montesquieu por su teoría de la separación e independencia de los poderes, ahora pretende destruir la alternabilidad en el poder como elemento indispensable de la vida democrática. ¿No es hora de que el pueblo exija a quienes concibieron la actual Carta Política que den ejemplo de respeto a sus normas?