León Roldós

Después, ¿qué?

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9 de May de 2012 00:01

Al escribir esta columna, no sé cómo estará quedando el texto final de la ley de nuevo régimen de créditos para la primera vivienda y el primer vehículo, a niveles de precio para familias de ingresos medios en el Ecuador.

La esencia de la ley: El deudor que no pague la deuda, sin necesidad de probar que no puede pagarla, se despoja del bien adquirido, sea dándolo en pago, sea sometiéndose a la ejecución del crédito, y si el valor del bien es menor que el monto de la deuda, la diferencia la pierde el acreedor.

Riesgo de abuso contra riesgo de abuso.

Es verdad que en créditos inmobiliarios y de cartera automotriz han habido acciones de cobro de despojo para personas que no han podido pagar, que además siguieron debiendo saldos cuando el precio de la venta forzada quedó por debajo del valor de la deuda.

De hecho, la morosidad en los créditos de vivienda no llega al 2% de la cartera hipotecaria; y, en el caso de vehículos no ha excedido al 4% de la cartera automotriz, porque los deudores han priorizado el pago. Los deudores que han querido hacer trampa constituyen un número mínimo.

Con la nueva legislación, el riesgo es que los deudores no prioricen sus deudas hipotecarias y de crédito automotor. Todo lo que les puede pasar es perder el bien, pero con lo que no pagaron y algo más pueden comprarse otra vivienda u otro vehículo. Lo gravísimo estaría, si posterior a la sanción presidencial, se le da efecto retroactivo a la nueva norma. ¿Cómo así? En el proyecto inicial del presidente Correa se aplicaba el nuevo régimen solo a los contratos de crédito posteriores a la vigencia de la ley; en el proyecto de la comisión especializada de la Asamblea es aplicable a la ejecución de créditos actuales, siendo que estos fueron concedidos bajo el anterior ordenamiento legal.

¿Quiénes pierden si la cartera actual –sobre todo la automotriz- se desvaloriza por el efecto retroactivo ? El presidente Correa responde: los banqueros. Quizá, pero también se incrementa el riesgo de los depositantes, porque los activos de crédito bancario se convertirían en sensibles pérdidas parciales o se llenarían de chatarras rodantes.

Establezcan todos los controles administrativos y tributarios a los banqueros, de acuerdo. Pero si se desvalorizan los activos bancarios, el riesgo de coletazos a los depositantes podría ser preocupante. Los créditos de futuro podrán programarse, con mayor responsabilidad.

De hecho, siempre será creciente la cartera hipotecaria de los bancos, pero con coberturas más exigentes. En lo automotriz, lo más probable es que haya una reducción significativa de nuevos créditos, por mayores exigencias en cuanto a cuotas de entrada.

Que esta Ley no lleve a ratificar aquello que “de buenas intenciones está empedrado el infierno”. Que el resultado sea para bien.