27 de May de 2010 00:00

Desinstitucionalidad

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Miguel Macías Carmigniani

Para que un país progrese y más aún, para que supere toda crisis, se requiere de seguridad política, económica y jurídica.

En el Ecuador, la falta de seguridad jurídica en la que vivimos desde hace varios años, debido a la politiquería, ha motivado su desinstitucionalización.

La Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio Fiscal, y las Superintendencias de Bancos y Compañías son las principales instituciones del Estado, las mismas que actualmente son controladas por la Función Ejecutiva.

No existe hoy en día la independencia que requieren los cinco Poderes del Estado, pues es evidente que el Poder Ejecutivo influye -por decir lo menos- en la Función Legislativa, en la Judicial, en la Electoral y en la de Transparencia y Control Social. Las 3 últimas continúan con autoridades temporales, lo cual es inadmisible.

De acuerdo con la Constitución que rige desde el 2008, debe haber una participación protagónica de la ciudadanía en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado, lo cual no se ha dado.

Esta establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del Poder Público, lo que debe hacerse a través de la Función de Transparencia y Control Social, la misma que está formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y por las Superintendencias. Ese Consejo es el que debe designar a las cabezas de las principales instituciones públicas, lo cual hasta la fecha no ha hecho, ni se han establecido los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del Sector Público, ni se han investigado denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción, como debió haberse hecho.

Es necesario fortalecer a todas las instituciones del Estado ecuatoriano, las cuales no deben depender de manera alguna ni del Presidente de la República, ni de los miembros de la Asamblea Nacional, como ha sido práctica común en nuestro país.

Los miembros de la Función Judicial, de la Electoral y de Transparencia y Control Social, deben ser designados mediante concursos de oposición y mérito y no a dedo, por los miembros de un partido o movimiento político, por importante que este sea.

Urge que se designen a los miembros del Consejo de la Judicatura y a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, quienes deben ser completamente independientes, para que puedan ejercer sus altas funciones, a plenitud.

Mientras existan interferencias del Ejecutivo en las principales instituciones del Estado, no tendremos instituciones fuertes en nuestro país, lo cual ahuyenta la inversión nacional y la extranjera.

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