En menos de ocho días dos actos han dejado en evidencia cuánto cinismo se ha acumulado en la sociedad, estos se dieron en ámbitos diferentes de la vida nacional.
El uno, el lanzamiento de las candidaturas de Alianza País, hecho público en todos los sentidos la palabra, tanto por su relación con la cosa pública y por ser de conocimiento general; el otro, la ejecución de una orden de apremio por impago de las pensiones alimenticias de un jugador de la selección ecuatoriana de fútbol, un tema privado que ha sido tratado como público por la exposición mediática de la actividad y el personaje en cuestión.
En los dos casos me quedó la sensación de que se ha instalado, como si fuese legítimo, usar el poder para excluirse del ámbito de aplicación de reglas, volviendo –nuevamente- evidente eso de que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros, parafraseando a Orwell.
Así, la igualdad termina siendo una regla que se queda en el papel.
Se podría pensar que esto, el irrespeto selectivo de las normas, es un fenómeno subproducto, un resultado no deseado, de la hiperinflación normativa, una tendencia, exacerbada en este Régimen a regular más y más aspectos de la vida en sociedad.
El razonamiento de quienes piensan así es bastante simple: a mayor número de reglas mayor la brecha entre lo regulado y la realidad, especialmente si entre las normas aprobadas se cuelan –como sucede con frecuencia- algunas con un contenido absurdo o claramente inconveniente, algo que conlleva que la práctica social las deja de lado de forma selectiva.
Pero no, no me refiero a esos casos, son aquellos donde la pretensión de una República con ciudadanos iguales -en derechos y obligaciones- es tan lejana y esquiva que la igualdad ante la ley parece uno de esos principios que se mantienen por miedo a aceptar las consecuencias de su ineficacia, una ilusión para sostener un estado de cosas injusto.
En la cobertura televisiva al acto electoral de Alianza País se puso –otra vez- en evidencia la prepotencia de quien se sabe impune, que asume una falta de independencia institucional por el compromiso de ciertas autoridades con el “proyecto”. Es fácil colocarse al margen de la ley cuando se controla a quien debe asegurarse que se la respete.
El futbolista deudor de alimentos actuó bajo el amparo del poder que le da la complicidad social con el “héroe” deportivo, solidaridad, además, sostenida por un machismo que atribuye la existencia de demandas alimentos a mujeres que “viven” de tener hijos, una solidaridad que nace de un patriarcado que coloca una obligación al mismo nivel que una extorsión.
Doy por descontado que existirán abusos en el cobro de alimentos, pero seguro son la excepción y no la regla.
Lamentable estado de cosas que no es nuevo, los nombres de los partidos políticos y personas que actuaban por sobre las reglas han cambiado, pero es duro reconocer que son prácticas que están más vivas que nunca y permean a toda la sociedad.