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Hay ‘proyectos’ polémicos: uno de ellos, ya infelizmente terminado. En un sector en el cual la ordenanza exigía que se construyeran, en lotes de 1 000 metros, viviendas unifamiliares de no más de tres pisos, se alzan seis torres de cinco pisos cada una, más dos para aparcamientos; se agolpan 300 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y como 100 oficinas. Planes de esta constructora convirtieron barrios de Quito en auténticos hormigueros; hoy el hormiguero llega al campo, ‘¿dónde mejor?’, deben de haber pensado. Si un ‘estimado’ del Municipio calcula que en las nuevas urbanizaciones de Cumbayá el promedio de vehículos es de 2.2 por vivienda en urbanizaciones nuevas, pronto se añadirán como 700 carros a los ya existentes.

¿Con qué racionalidad se otorgaron y otorgan permisos para estos megaproyectos? La edificación aludida ha quitado la vista de que gozaban las casas de la urbanización aledaña; sus constructores ganan millones de dólares, pero la afectación de la zona es catastrófica:
contaminación ambiental y auditiva; circulación imposible y caótica a ciertas horas. El deterioro de las condiciones existenciales del barrio hace ya que descienda su plusvalía.

Los habitantes de Cumbayá, como la mayoría de quienes desde hace años vivimos aquí, dejaron sus costumbres urbanas, empezando por el sacrificio que suponía y supone aún, en muchos sentidos, vivir lejos de Quito: buscaban campo, paisaje, aire limpio, calles en las que circular a pie, tranquilidad, árboles, verde, silencio. La ordenanza ha sido ‘legalmente’ violada. ¿Qué norma faculta este ‘nuevo’ ordenamiento jurídico? ¿Qué hace, al respecto, el Concejo Municipal? ¿Pueden sus autorizaciones contravenir las ordenanzas que rigen para el resto de construcciones? ¿Es ético avalar solicitudes de mega construcciones que alteran radicalmente el urbanismo de la zona? ¿Se volverá Cumbayá una selva mecanizada, auténtico caos?

Según el COOTAD es obligación de las instituciones correspondientes la planificación del desarrollo urbanístico y formulación de planes de ordenamiento territorial articulados con la planificación cantonal, parroquial, nacional, regional; esto supone que los proyectos de edificaciones se emitan en conjunto con los gobiernos de las juntas parroquiales, lo que, a pesar de los reclamos de los moradores, no sucede.


Preocupa a la junta parroquial y a todos, la facilidad con que el Municipio otorga permisos de construcción en la zona; se pide que, como medida mínima, se atienda a un plan de desarrollo realista que respete las vidas de sus pobladores. Si el noventa por ciento de los vehículos pasan por la vía de los locales comerciales, congestionada casi todo el día, a ella ingresarán, al menos, 1000 vehículos más, con un proyecto detrás de una farmacia cercana a un supermercado.
Además de los ‘megaproyectos’ que se atisban, existen permisos para otros de menor envergadura, pero no pequeños.
¿Qué generará su suma al ya caótico centro de Cumbayá?

scordero@elcomercio.org