José Ayala Lasso

Descalificar a un Arzobispo

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Las agraviantes palabras que en días pasados usara el asesor jurídico del Presidente para agredir al Arzobispo de Guayaquil merecieron la censura de la opinión general e, inclusive, de sectores del gobierno. Paradójicamente, el Presidente respaldó a su asesor y protestó ante el Estado Vaticano aduciendo que el Modus Vivendi vigente con el Ecuador prohíbe que los ministros de la religión tomen parte en las luchas políticas del país.

Durante nuestra vida republicana, la Iglesia ejerció una gran influencia en la política nacional. Alfaro cambió esa realidad y dejó firmemente establecido el laicismo y la separación entre la Iglesia y el Estado. Los desacuerdos que surgieron desde entonces se superaron con la suscripción del Modus Vivendi en 1937.

Las cosas de la religión y las del Estado deben ser claramente diferenciadas. Mientras las primeras son de carácter íntimo y buscan la salvación de las almas, las segundas se refieren a la vida temporal de los seres humanos y se orientan hacia la consecución del bien común. Deben manejarse con parámetros ajenos a la práctica de la religión.

Pero el ser humano es uno e indivisible. Sus convicciones en lo tocante a la religión no están ni pueden estar totalmente desligadas de sus acciones en el seno de la sociedad estatal.
Los principios que le guíen en lo religioso no pueden diferir de aquellos que orienten su conducta como ciudadano. Su moral no puede contradecir a su ética.

Si bien los agentes de la religión no deben usarla como instrumento político laico, su prédica no puede dejar de topar la conducta que un buen ciudadano ha de tener frente al estado o un buen gobernante frente al ciudadano. Ciertas virtudes que preparan al ser humano para una vida eterna le sirven también para facilitar la consecución del bien común temporal.

Y por eso el Papa promueve la justicia y el diálogo sin exclusiones como una manera de volver más armoniosa y fecunda la vida social, o elogia la práctica de la honradez y la tolerancia y pide que se hable siempre la verdad. Y todo eso como parte de una moral individual que, trasladada al plano colectivo, puede servir de saludable orientación para gobernantes y gobernados en la sociedad llamada Estado.

Es inaceptable que el asesor presidencial haya pretendido descalificar los pronunciamientos de un clérigo en favor del diálogo y la tolerancia, que son virtudes útiles para ganar el cielo pero también para gobernar con acierto.

Aunque el asesor hubiese exhibido argumentos de fondo, jamás se justificaría el tono ofensivo y vulgar que usó para atacar a un Arzobispo cuya vida virtuosa le ha ganado el respeto de moros y cristianos. Lamentablemente, los malos ejemplos obnubilan a subalternos cuya megalomanía pudo abrir, innecesariamente, un nuevo frente de tensiones en este delicado campo.

jayala@elcomercio.org