El IESS ha sido la institución emblemática para el pueblo ecuatoriano, porque en algunos meses o años de alguna etapa de nuestras vidas, que incluye la última destinada a la jubilación, hemos sido aportantes. Esta entidad creada hace más de ochenta años siempre ha sido respetada administrativamente y nunca intervenida. Pero ahora, en un tramo de la década correísta se hicieron actos intervencionistas muy lamentables que han culminado con un juego de contabilidad propio de fantasmagorías o espiritismo. En agosto del 2016, hace unos diez meses, se publicó que la deuda era de USD 2 527 millones en el rubro presupuestario de crucial servicio: la salud, pero en septiembre fue borrado para exhibir un saldo contable de cero centavos, como si se tratara de un simple juego numérico.
Ante esta realidad, dos vocales: Felipe Pezo del sector de los empleadores, y Luis Clavijo del otro sector de los trabajadores, han pedido al presidente del Directorio del IESS, Richard Espinosa, que haga una convocatoria para una sesión urgente y extraordinaria, en la cual propondrán una fuerte sanción para Geovana León, directora General del IESS, por haber eliminado esta suma, y como la situación es grave, hasta ahora no hay ánimo para debatir en dicho estamento ejecutivo este problema. Tal vez se deba esta pasividad al hecho de que ya existe un criterio escrito de la Contraloría General del Estado, de que cualquier supresión es ilegal. Por estos hechos, dicho vocales han pedido, en estos días, que se impida viajar a Europa a esa alta funcionaria del IESS, argumentando que ya no tiene respaldo o confianza de dicho Consejo, y por eso resulta ilógico, forzado, realizar un viaje en medio de estos gravísimos problemas derivados de una desaparición de deuda por USD 2 527 millones, que según el criterio de dicha Directora “no se ha producido ningún perjuicio en contra ni a cargo del IESS”.
De por medio existe una moción presentada en una sesión de dicho Consejo Directivo para destituir a los dos funcionarios que intervinieron en la desaparición de esta deuda de los estados financieros. Dicha moción fue negada, con lo cual continuaría en firme la desaparición administrativa de que esos valores ya no existen, en razón de haberse ordenado esa eliminación desde septiembre del 2016, hasta cuando se efectúe convocatoria a sesión para debatir y resolver esa situación financiera; y, que según Richard Espinosa, se ha hecho con asesoramiento de la propia Contraloría. Sin embargo de que voceros de ese organismo han declarado que “dicha supresión de cifras era ilegal”.
Así ha quedado este problema económico de gran magnitud, tanto que fue suspendida una sesión del 30 de junio, y todavía no se vislumbra actitud positiva para convocarla, algo urgente, por el tiempo transcurrido de diez meses, y por el alto monto que representa.