Miguel Rivadeneira

Los desafíos de FF.AA. y Policía

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El papel de la Fuerza Pública (concepto que fuera borrado), FF.AA. y Policía Nacional, es fundamental como instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Esa es su obligación constitucional (art. 158) y debe ser observada siempre, sin abusos, arbitrariedades ni complicidades con el poder.

El honor institucional no puede ponerse en entredicho, ser manoseado ni manipulado por nadie. No puede mancharse su trayectoria de servicio al país y a su pueblo, no solo porque se les paga de sus aportes sino porque forma parte de ese pueblo y tienen parientes en ese pueblo.

Quienes hemos seguido informativamente de cerca su actuación por más de tres décadas y estudiado en el exterior y en las aulas del IAEN los temas de seguridad y desarrollo, nos permitimos hacer algunos señalamientos.

La institución militar ha tenido una actuación ejemplar y fue protagonista de una página brillante cuando defendió con éxito y profesionalismo la soberanía e integridad territorial en el Alto Cenepa, en 1995, y desalojó a las fuerzas del sur. Eso determinó que, tres años después, se firmara el acuerdo definitivo de paz con Perú. También ha defendido con éxito en la frontera norte, acechada por la presencia de fuerzas irregulares colombianas.

Las FF.AA. no se han manchado de sangre durante problemas internos, para complacer al Gobierno de turno, porque no ha usado las armas ni ha dado bala a su pueblo. Y si en algún momento,con cualquier argumento, se intentara imponer esta posibilidad sus mandos deberán meditar mucho, asumir su responsabilidad, disponer por escrito y responder luego ante el país. Las FF.AA. nacionales no son las politizadas venezolanas y han tenido una formación profesional muy superior.

A pesar de que en Montecristi la novelería eliminara la disposición constitucional (art. 183), que señalaba que las FF.AA. son garantes del ordenamiento jurídico del Estado, en la práctica han recurrido a ello. Eso ocurrió el 30 de septiembre del 2010 cuando el Presidente fue “retenido” por policías en el Regimiento Quito, como calificara en su testimonio público el entonces número uno de la institución militar.

La actuación del Ejército permitió que el condenable levantamiento policial sea sofocado con éxito. Demostró profesionalismo, a pesar de que en esta administración el honor de miembros de la institución ha sido mancillado y judicializado con acusaciones de crímenes de lesa humanidad. ¿Hasta cuándo el arresto domiciliario? El exjefe militar del actual Régimen, nombrado por el Presidente por méritos y trayectoria profesional, general de Ejército Ernesto González, en su obra ‘Testimonio de un Comandante’ rechaza con argumentos jurídicos esas acusaciones y señala que “los ex miembros de AVC (algunos funcionarios del Régimen) fueron juzgados por delitos comunes y a los soldados de honor por crímenes de lesa humanidad, con lo cual se trastoca el honor institucional”.

mrivadeneira@elcomercio.org