Los Estados latinoamericanos siguen en deuda en la garantía de derechos educativos, sexuales y reproductivos de las mujeres, acusan activistas de diferentes regiones del mundo congregadas en la capital mexicana.
“Hay temas pendientes en economía, educación, violencia y salud sexual y reproductiva. El cumplimiento de las leyes es la parte más débil. No hay una política integral de los gobiernos para atender esos temas”, dijo a IPS la argentina María Oviedo, responsable de capacitación del no gubernamental Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
La especialista asistió, junto a docenas de defensoras de derechos femeninos de América Latina, Europa, Asia y África, en el seminario Incidencia en red: el desafío que los estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres. Esa red, creada en 1987, lanzó en 2011 la campaña mundial Por un Estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres. Ya es hora, ya es tiempo, con recursos de la Unión Europea y la organización holandesa Oxfam Novib, que concluirá en 2015.
En América Latina, los indicadores como educación primaria, trabajo e ingresos mejoraron la última década, pero las mujeres aún padecen brechas importantes en relación con los hombres que mantienen la persistencia de la desigualdad de género, en una región con una cultura muy patriarcal. Los varones ascienden a unos 163 millones y las mujeres a 113 millones de la población económicamente activa de la región, y la previsión para 2020 es que esos guarismos alcancen 188 millones y 141 millones, respectivamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Además, la participación en la actividad económica de las mujeres de la región ha venido en aumento y la Cepal calcula que en 2020 las mujeres que trabajarán fuera de sus hogares representarán 56% del total, frente a 52% de 2010.
“En la violencia cotidiana impera la desigualdad y la injusticia. Donde están atoradas todas las luchas de las mujeres es en la justicia. Es necesario cambiar estructuras”, señaló la experta Gabriela Delgado, del Programa Universitario de Derechos Humanos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
Entre las obligaciones pendientes de los Estados figuran reformas legislativas para alcanzar la igualdad formal, la aplicación de políticas para lograr esa meta en el acceso a recursos económicos, a vivir sin violencia, a disponer de derechos sexuales y reproductivos y educación antidiscriminatoria y no sexista.
Las activistas han identificado leyes que toleran la violación sexual, bajo pretextos como matrimonio entre victimario y víctima, que estipulan edad diferentes para hombres y mujeres para casarse o mayores derechos matrimoniales para los varones en Argentina, Bolivia, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá.