La impunidad es violencia. Un país democrático merece que las autoridades de Justicia juzguen a todos los perpetradores de la agresión; por ejemplo, en las protestas. El jueves 13 de agosto, EL COMERCIO transmitía en video en tiempo real la marcha contra el presidente Rafael Correa en las calles del Centro de Quito y también, asimismo en vivo, imágenes de la concentración a favor de la llamada revolución ciudadana en la Plaza Grande. Pero, abruptamente, esa noche una de las dos señales salió del aire en la Internet.
El periodista de este Diario, que utilizaba un teléfono celular como cámara y portaba una credencial del oficio, fue arrollado, herido, en las inmediaciones de la iglesia de La Merced. Minutos antes, había registrado en video la detención de la corresponsal franco-brasileña Manuela Picq y de su compañero Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari.
Asimismo, había transmitido la agresión a policías con piedras, palos, fierros, fuego y hasta proyectiles pirotécnicos de pólvora arrojados por personas, virulentas, en la manifestación en la Plaza Chica (ese día hubo 54 uniformados heridos, nueve de ellos hospitalizados con fracturas de tibia, manos y nariz; traumatismo cráneo encefálico).
El periodista también había filmado el exceso policial. En imágenes había ciudadanos pacíficos golpeados por agentes en el Centro de Quito. Dos fotógrafos de este Diario recibieron toletazos (hay que superar la burla, el racismo, y esclarecer lo ocurrido con Salvador Quishpe, prefecto elegido por votación).
El periodista transmitía en vivo la marcha de la Conaie y terminó reducido en el piso de piedra, al pie de La Merced, retenido una hora por agentes antimotines, pese a encontrarse herido, arrollado en la embestida. Casi a la medianoche, tras ser liberado sin que le explicaran la causa de la aprehensión, fue diagnosticado en una casa de salud: fractura de clavícula y 40 días de reposo. No señores. No se puede fustigar la violencia del otro y olvidar que la protección de los derechos ciudadanos (la libertad por ejemplo) es mandatoria para todos los agentes de Estado.