Marcelo Ortiz

El derecho sindical

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En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Art. 20 proclama que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Sin embargo, la actual prepotencia gobiernista está demostrando que esos principios incorporados en mandatos constitucionales vigentes, y amparados en dicha doctrina universal del sindicalismo, creen que pueden ignorarse en la práctica. Muy poco les importa que se equiparen a la adherencia y también a la militancia que tienen otras organizaciones sindicales como las de médicos, odontólogos, abogados, ingenieros en distintas ramas; y que a lo largo de decenas de años han sido respetados por los gobierno de turno, como facetas democráticas imprescindibles en las sociedades modernas.

Siendo la docencia, desde la etapa preprimaria, la del nivel básico y la secundaria un caudal humano permanente de la sociedad ecuatoriana, encontró un cauce político propicio en el año 1944 del siglo XX como organismo nominado la “Unión Nacional de Educadores”, y fue el antecedente para que el año 1950 en el gobierno de Galo Plaza Lasso, el humanista reconocido internacionalmente, se le concediera la personería jurídica lo cual le ha permitido actuar legalmente en el seno de la sociedad ecuatoriana. Su evidente crecimiento de afiliados en estos 66 años se ha reflejado físicamente en los edificios que posee en muchas ciudades de todo el país, especialmente en Quito y Guayaquil.

Para lograr su independencia administrativa y económica, se procedió al sistema de cuotas voluntarias mensuales, no conminatorias ni coercitivas, a través del descuento de los sueldos del profesorado a nivel nacional. Pero en la visión absolutista del correísmo recibió un durísimo golpe al ser intervenidos, hace un año, en los recursos cuantiosos que se formaron como capital privado de cesantía del magisterio y su traspaso ilegal al Banco del IEESS, sin consulta directa a todos los aportantes.

Augusto Espinosa, Ministro de Educación, ha recurrido al justificativo más simple de que no se han entregado documentos para el registro de la nueva directiva de la UNE, y en base a este requisito proceder a la ocupación o mejor dicho, al allanamiento ilegal de sus locales que son propiedad privada, por la fuerza pública policial en horas de la madrugada del lunes de esta semana, equivalente al miedo para hacerlo a plena luz del día. Nunca antes, ninguna dictadura, peor en las etapas de todos los gobiernos democráticos, hicieron estos actos de fuerza violatorios públicamente de los principios del derecho sindical reconocido en cualquier país del mundo, y respaldados a través de la Organización Internacional del Trabajo-OIT-con sede en Ginebra. Por lo expuesto, estos últimos hechos constituyen ya, una realidad practicada por el actual gobierno del poder absoluto.

mortiz@elcomercio.org