Gonzalo Maldonado

El derecho a resistir

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25 de March de 2012 00:08

Los voceros del Gobierno, incluido el presidente Correa, quisieron deslegitimar la marcha indígena diciendo que solo buscaba desestabilizar al país. Aseguraron, entre otras cosas, que la Conaie tenía intereses ‘golpistas’ y que sus dirigentes estaban siendo manipulados por el MPD y por la derecha política del Ecuador. Se trató, pues, de un discurso de defensa del orden constituido, acompañado por una campaña de desprestigio de aquella protesta.

Al parecer, la revolución ciudadana olvidó que ella mismo auspició y escribió la Constitución de Montecristi, donde se consagró algo que terminó llamándose el “derecho a la resistencia”. Se trata de la prerrogativa que desde 2008 tenemos los individuos y los grupos de personas -llamados “colectivos” en la abstrusa jerga gubernamental- de oponernos a cualquier decisión pública o privada que nosotros consideremos inadecuada.

El texto del artículo 98 de la Constitución es tan laxo y abierto que confiere a cada uno de nosotros el derecho a desconocer cualquier decisión del Estado o de una persona o institución de la sociedad civil, si es que creemos que vulnera nuestros derechos. Es decir, ese artículo nos da la posibilidad de desconocer el principio de autoridad y de lanzar nuestra propia y personal cruzada de protesta cuando lo estimemos conveniente.

Por aquellos días de euforia “refundacional” -cuando se construía con infinito amor el paraíso aquí en nuestro país- el otorgamiento del derecho a la resistencia fue saludado como un avance crucial en el proceso de democratización del Ecuador. Se dijo, con pompa y circunstancia, que se trataba de una pieza legislativa clave que nos ponía a la vanguardia del mundo en materia social y política.

Ahora que están en el poder, los antiguos revolucionarios prefieren defender el orden y la estabilidad. Las protestas de los “colectivos sociales” dejaron de ser esfuerzos admirables de grupos desprotegidos e idealistas, para ser simples movidas políticas que buscan saciar egos personales o simplemente dañar al país.

Consagrar un derecho como el de la resistencia para oponerse a él cuando se lo quiere poner en práctica subraya las serias limitaciones que tiene la Constitución de Montecristi y pone en evidencia la pobre vocación democrática del régimen de Correa.

La solución a este entrampamiento tiene dos vías: por un lado, debemos pensar que en algún momento será indispensable reformar el mamotreto jurídico que fue elaborado en Montecristi; y, por otro, tenemos que insistir en que el Gobierno deje su talante autoritario y se ponga a dialogar. De lo contrario, las protestas seguirán y no habrá ningún subsidio o prebenda capaz de comprar el silencio o la complicidad de todos los ecuatorianos.