El imperio de la ley y la justicia, un bien imponderable. Un Estado de Derecho, la realización de un sueño de raíces antiguas en Iberoamérica. Fray Bartolomé de las Casas, a inicios del siglo XVI, se constituyó en el primer defensor de quienes en las sociedades que se iban constituyendo sufrían injusticias inauditas y eran objeto de delitos atroces, pues las leyes no se acataban porque Dios estaba muy alto y el Rey muy lejos.
En nuestros desventurados países el siglo XX fue de espanto.
Durante las dictaduras militares en Guatemala, Brasil, Chile, Argentina, entre otras, sus servicios de inteligencia estuvieron dirigidos por alumnos muy aprovechados de los cursos que dictaba la CIA con el fin de contener el avance del comunismo.
Es de advertir, como hecho extraordinario, que en nuestro país nunca se dieron dictaduras militares protagonistas de hechos contrarios a la dignidad humana. Lo que sí hemos tenido es “dueños del país”, capaces de llegar a todos los extremos sobre la base de una justicia politizada, comprometida con los poderes fácticos. Es la razón por la que todos nos quedamos de una pieza cuando se le vio a la cúpula militar hacerse presente en momentos en que la Corte Nacional de Justicia se aprestaba a iniciar una audiencia en un juicio contra cinco exmiembros de las Fuerzas Armadas acusados de delitos de lesa humanidad. Las víctimas, tres integrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) que habían sido torturados, violados, secuestrados.
AVC, movimiento de corte marxista leninista, pretendía liquidar el orden constituido con acciones terroristas y lucha armada en campos y ciudades. Los inculpados, tres de ellos habían llegado a generales, formaban parte del Agrupamiento de Inteligencia Militar y el Grupo Especial de Contrainteligencia, cuyas acciones delictivas eran desconocidas por el resto de las FF.AA., según asevera un general de tanto prestigio y solvencia moral como Paco Moncayo, quien no es ningún pintado en la pared. De ahí que no cabe otra posibilidad sino que quienes cometieron los delitos recibían órdenes de instancias superiores, en el entendimiento de que el Presidente de la República es por ley Comandante Superior del Ejército, y su brazo derecho el ministro de Gobierno.
Si tal es el caso, al no hallarse en el banquillo de los acusados las FF. AA. es difícil comprender la movilización de la cúpula militar. El juicio debe seguir, con todos los rigores de forma y fondo.
En un Estado de Derecho, como es el que aspiramos por siglos, nadie puede quedar impune por delitos cometidos. Que sean calificados como de lesa humanidad, puede discutirse. Lo que no admite cuestión es que quienes los cometieron, se hallen vivos o muertos, merecen sanción. Hay antecedentes, en la República Dominicana, por ejemplo.
Lo que se decida en la Corte Nacional de Justicia nos compete a todos.
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