Sergio Muñoz

El derecho a morir con dignidad

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2 de October de 2013 00:05

Ocho días antes de morir, el doctor Donald Low grabó un video abogando por el derecho a morir con dignidad, que las leyes canadienses le negaban. De visita a Canadá, este mes me ha tocado ver el conmovedor video que su familia ha subido a YouTube con el propósito de reavivar el debate.

Low se hizo famoso porque en el 2003 fue él quien les explicó a sus atemorizados compatriotas qué era y qué hacer durante la crisis del SARS. Diez años después, su rostro volvió a aparecer en las pantallas de televisión para anunciar que sucumbiría al cáncer terminal en el cerebro, a los 68 años, y para decirles a quienes se oponen al suicidio asistido: "Me gustaría que vivieran 24 horas dentro de mi cuerpo, porque pienso que eso les haría cambiar de opinión". Desafortunadamente, según testimonio de sus familiares, el doctor Low no murió como él hubiera deseado. El caso de Low ha llevado a los canadienses a recordar otro caso no menos conmovedor. Hace dos décadas, al oír el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Canadá negándole a Sue Rodríguez el derecho a morir dignamente, Rodríguez, de 42 años y quien llevaba dos años sufriendo una esclerosis múltiple que la confinaba a vivir en silla de ruedas sin esperanza alguna de cura, se hizo una pregunta que hoy tiene mayor resonancia: "Si yo no puedo dar el consentimiento para mi propia muerte, ¿de quién es este cuerpo? ¿A quién le pertenece mi vida?". Su pregunta hizo que el 60% de los canadienses opinara que debería permitirse el suicidio asistido.

Meses después, Rodríguez y un miembro del Parlamento convencieron a un doctor, cuyo nombre nunca ha sido revelado, a que asistiera a Rodríguez a morir, ilegalmente pero en paz. La Policía condujo una investigación criminal, pero no hubo cargo por asesinato.

Los términos del debate son delicados y exigen que cualquier decisión contenga medidas que impidan que la familia de un enfermo se deshaga de él sin su consentimiento para reducir costos o beneficiarse económicamente.

Quienes abogan por el suicidio asistido piensan que un enfermo terminal en pleno uso de sus facultades mentales tiene derecho a morir dignamente; a no ser forzado a sufrir.

Quienes están en contra alegan que escoger la muerte no es un derecho ni un acto de libertad; que la prohibición es la mejor prevención contra el abuso; que en una sociedad obsesionada por el costo de la salud el peligro del camino resbaladizo es real y puede tener consecuencias terribles; que el juramento hipocrático garantiza la santidad y la pureza de la vida humana.

Con variantes, la eutanasia activa o pasiva o el suicidio asistido son legales en Suiza, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Albania; en cuatro estados de la Unión Americana y, hasta 2010, en dos países de América Latina: Colombia y México. En Canadá, donde el apoyo de la ciudadanía al suicidio asistido ha subido hasta 80%, todo indica que muy pronto la Suprema Corte tendrá que lidiar con la pregunta de Sue Rodríguez: ¿a quién le pertenece mi cuerpo? ¿Al Estado? Yo no tengo duda alguna. Nadie, ni el Estado ni las iglesias tienen derecho a decirme qué debo hacer con mi cuerpo, con mi vida o con mi muerte, son decisiones que solo a mí me conciernen.