Ana María Correa Crespo

El derecho a ser estúpidos

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23 de May de 2013 00:01

'En un país libre todo el mundo tiene derecho a ser idiota. También los columnistas -y me incluyo- escribimos muchas veces idioteces, y por las mismas nos pueden condenar como tontos, pero no condenar a la cárcel".

Lo decía Héctor Abad Facciolince en una columna suya en el Diario El Espectador en julio de 2012, a propósito de que el procurador colombiano Ordóñez pretendía juzgar a Pilar Córdoba (nada menos, saquen sus propias conclusiones aplicando el caso a nuestra propia realidad) por "incitar al delito" al arengar a los indígenas del Cauca.

Y concluía Abad con su particular agudeza, que lo peor para la precaria democracia colombiana (inserte cualquier país que se quiera) sería que la judicializaran y encarcelaran a alguien por expresar vehementemente su pensamiento y se instaure el delito de opinión.

Y eso me lleva a la derogatoria del Parlamento francés del delito de ofensa al Jefe de Estado postulado por los socialistas y aprobado por unanimidad. Ese socialismo -el europeo de tradición democrática- está a años luz y da una lección severa a nuestro caudillismo del sumak causay en el que lo que menos que está permitido es proclamar idioteces o brillanteces o puras y simples bobadas que contradigan la verdad de los nuevos credos, sin quedar con la reputación atrofiada por alguna vehemente alocución en un sábado cualquiera.

Hay que advertir, con mayor alarma, que la ley de comunicación y el nuevo Código Penal han sido declarados como leyes prioritarias. Como es conocido, en ellas se otorga un especial tratamiento a los "idiotas", a quienes se les tiene reservadas unas cuantas penas.

Johana Pesántez, ministra de Justicia, por ejemplo, afirmó que en el código se había eliminado el desacato, sin embargo, permanecen sanciones penales para quienes injurien a una autoridad pública, con penas mayores que las aplicadas por injurias a un ciudadano común.

La iniciativa oficial señala que serán reprimidos con prisión de 1 a 3 años "los que hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa", y luego habla también de sanciones penales para la injuria no calumniosa contra la autoridad.

La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) consideró que Francia violó la libertad de expresión de un hombre, que fue condenado en 2008, por mostrar a Sarkozy un cartel que decía "pobre estúpido". Lo de "pobre estúpido" se refería a un incidente en que el Sarkozy llamó así a un ciudadano que no le extendió la mano en un acto público.

Trasladen el caso a Ecuador. A la CEDH se la tildaría de entrometerse en asuntos soberanos y de responder a intereses oscuros. El pobre estúpido, seguiría siendo eso, un pobre estúpido condenado y vilipendiado y los socialistas verdes aclamarían la condena.