Julio Echeverría

Derecho a la comunicación

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23 de June de 2013 00:01

Una mentira repetida mil veces termina siendo verdad. Es la premisa de quienes repiten por todos los medios y a cada minuto que la Ley de Comunicación que actualmente se trata de aplicar en el Ecuador, está hecha para garantizar el derecho de los ciudadanos. Pero, ¿está realmente esta Ley hecha para defender el derecho de las personas a la comunicación? Si bien es en la comunicación donde se genera el espacio de lo público, la comunicación es una atribución de las personas y, en ese sentido, es un derecho fundamental inalienable de los individuos. La ley debe garantizar el derecho de las personas a expresarse y a recibir informaciones y comunicaciones libremente producidas. La comunicación es el espacio donde acontece la vida social, donde se forma el individuo, su personalidad, su identidad social. El espacio público se construye con el ejercicio de la libertad de los individuos, en él se pone en juego su capacidad de relacionarse con los otros, de interpelar al poder del Estado y a quienes ejercen el poder político en nombre del ciudadano.

La funcion de los medios es crucial en esta tarea; éstos operan como instancias complementarias a los procesos comunicativos que acontecen en la vida social, incrementan las capacidades deliberativas de los ciudadanos. Gracias a la existencia de una pluralidad de medios con orientaciones diferenciadas, los ciudadanos pueden ampliar sus posibilidades de selección de ideas, de valores y verdades, donde el sentido de lo público esta más en la posibilidad de ejercer el derecho a disentir, que en la obligación de alinearse con quienes creen poseer verdades incontrastables.

En la ley de comun icación que trata de aplicarse en el Ecuador, se pretende definir lo que es el interés público, el cual se expresa en un conjunto de principios deontológicos cuyo no acatamiento puede ser materia de juzgamiento y punición por parte de un Consejo y una Superintendencia de Comunicación, con amplias facultades discrecionales y de dependencia directa de la Presidencia de la República. En estas condiciones, la libertad de expresión tiende a ser seriamente coartada. No solo que la información y la comunicación producida por los medios bajo estas condiciones terminará por reducir las posibilidades de elección y deliberación de los ciudadanos, sino que se apunta peligrosamente a construir las condiciones en las que los medios no tengan más opción que reproducir un pensamiento único e inconstrastable.

La Ley no puede ser un instrumento para garantizar el 'derecho' del gobierno a que su verdad no sea contradicha ni puesta bajo sospecha. Al contrario, debe promover a que los medios se constituyan en efectivos garantes de control democrático al ejercicio del poder político.