Carlos Larreategui

La depuración universitaria

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18 de April de 2012 00:01

El proceso de depuración universitaria establecido en la Ley de Educación Superior del 2010 ha concluido con la eliminación de 14 universidades y la interrupción de los estudios regulares de 38 000 alumnos. Si bien hay una imperiosa necesidad de elevar el nivel académico de la universidad ecuatoriana, el proceso adolece de fallas e imprevisiones que pueden condenar a miles de jóvenes a una exclusión definitiva.

El proceso de depuración partió con la categorización de las universidades a cargo del antiguo Conea. Bajo un proceso sumario y ligero que horrorizaría a cualquiera de las agencias especializadas en ‘ranking’ universitario, el organismo agrupó a las universidades en categorías y ubicó a 26 de ellas en la infamante clase E. Partiendo de ese ‘ranking’ y atendiendo el mandato del Gobierno de “limpiar el sistema”, el actual Consejo de Evaluación y Acreditación, Ceaaces, auditó estas universidades y sometió a sus estudiantes a un examen de conocimientos –sin valor académico- que significó el 50% de la evaluación final. El Ceaaces, sin embargo, olvidó un pequeñísimo detalle: una prueba que no comporte incentivos o castigos para el examinado no constituye un buen instrumento de medición.

Más allá de estos errores de fondo, la forma que empleó el Senescyt, a través del Ceaaces, para imponer la clausura de las 14 universidades fue humillante y grotesca. El despliegue policial y la imposición de sellos de clausura recuerdan los procedimientos que utilizan las intendencias para cerrar clubes nocturnos o locales de mala muerte. Adicionalmente, descalificaron y humillaron de forma innecesaria a las centenas de miles de graduados de esas universidades. El Gobierno debió ahorrarse adjetivos lacerantes hacia los estudiantes y graduados y conducir un proceso sobrio y académico, que considerara el drama de los afectados. Es inaceptable que las cabezas de estudiantes y docentes sean exhibidas como trofeos de guerra.

No hay duda de que algunas universidades no merecían seguir operando como hasta ahora y promoviendo profesionales de baja calidad. Sin embargo, el proceso debió ser más meditado y avizorar alternativas que no necesariamente pasaran por soluciones tan radicales. El Estado debió intervenir directamente los centros de estudio, remover en ciertos casos a sus administradores y fortalecerlos académicamente para gestionarlos de manera definitiva o entregarlos a terceros. La noción de que el Ecuador tiene demasiadas universidades es discutible si se considera su capacidad de admisión.

Hay temores fundados de que el plan de contingencia y la administración temporal a cargo de algunos neófitos en gestión universitaria deriven en un fracaso. Como en la historia del aprendiz de brujo, se han liberado fuerzas de muy difícil conjuro.