Mucho se ha escrito sobre la compra de un departamento en Bélgica, por parte del presidente Correa. El hecho en sí, aunque no banal, no habría debido merecer tanto comentario. ¿Por qué, entonces, la opinión pública se ha ocupado del asunto? Tratemos de verlo.
El pago de una indemnización de USD 600 000 al Presidente no es fundamentalmente cuestionado por su legalidad: se discute, sobre todo, su legitimidad. Siempre estará abierta la polémica acerca de la valoración de un daño moral aducido por un ciudadano cualquiera para demandar una compensación. ¡Con cuánta mayor razón en el caso de un Presidente! Personas que estuvieron frente al Banco en la misma situación que Correa se limitaron a exigirle una carta con explicaciones y excusas y la rectificación del expediente en la Superintendencia de Bancos, a fin de dejar sin tacha el historial de su conducta. El señor Correa valoró en una bonita suma de dólares su honor. Sin embargo, alegó su desapego al dinero y advirtió que, en caso de ganar, donaría tal suma a obras de beneficencia. Con 600 000 dólares en el bolsillo lo pensó mejor y resolvió guardar para sí ese montoncito de monedas. No infringió ninguna ley, pero anuló la credibilidad de su palabra y perdió su honor crematísticamente reparado.
En múltiples ocasiones, al defender sus “principios políticos”, Correa ha calificado de “antipatria” a los ecuatorianos que envían su dinero fuera del país, “contribuyendo al desarrollo de los explotadores”. Ha llegado a propiciar leyes para frenar esta práctica. Con USD 600 000 en el bolsillo, consideró preferible supeditar esos “principios” a los legítimos intereses familiares, pagó el impuesto respectivo y sacó una parte de su capital al exterior.
Todo esto lo supo el país, no por iniciativa del Presidente, sino 10 meses después de realizada la operación, gracias a la investigación de la prensa. Obligado a referirse al tema, Correa no dio explicaciones satisfactorias ni quiso encontrar sombra de razón en sus críticos: los descalificó por “incompetentes”, ya que su dinero no había salido a Alemania –como lo afirmaron– sino a Bélgica.
Cuando recibió USD 600 000, Correa no pagó ningún impuesto sobre ese súbito y considerable enriquecimiento. El SRI ha dicho que tal conducta es legal, pero ¿es legítima, sobre todo cuando el beneficiario directo predica la conveniencia de construir una cultura que convierta en mérito el pago de impuestos, ya que así se contribuye al sumak kawsay?
Al profesor de escuela se le exige ética y sapiencia porque, más que con sus palabras, enseña con el ejemplo. Su ejemplo influye. El de un presidente, máxima autoridad del país, no solo influye sino que constriñe.
Correa nos aconseja: hagan lo que digo y no lo que hago. ¡Qué ejemplar proceder!