Pablo Ortiz García

Denunciantes anónimos

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30 de mayo de 2014 09:46

Atacar a la corrupción tanto del sector público como del privado, es un imperativo en este país en el que el dinero circula a raudales, fundamentalmente por las políticas económica y fiscal puestas en vigencia por el gobernante.

Pero quien realiza una denuncia por cualquier motivo que sea, debe ser responsable de su actuación: si tiene razón y se descubre un acto de corrupción, ha efectuado una acción cívica en beneficio del país y de sus habitantes. Si su denuncia es falsa, maliciosa, temeraria o sin fundamento, debería ser castigado porque el denunciado podría haber sufrido grave perjuicio en su nombre, honor y prestigio. En otras palabras, un daño moral.

En la legislación ecuatoriana, la persona que presenta una denuncia por un acto de corrupción, debe identificarse. Normas administrativas, como no podía ser de otra forma, prevén los requisitos que debe contener la denuncia, uno de ellos, la identificación del denunciante. Así, esta persona enfrenta la responsabilidad de sus actos. No recuerdo que en las distintas leyes se contemple la denuncia anónima, típico signo de cobardía de quien la formula. Otra consideración merece el tema penal.

Sin embargo, la actuación de denunciantes dando la cara, conducta de gente valiente e íntegra, se acaba gracias a la Revolución Ciudadana. Ahora el anonimato, sinónimo de espionaje en regímenes no democráticos, será la regla para presentar denuncias ante el Servicio de Rentas Internas. La economista Amoroso expidió una resolución, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial de mayo 12 de este año, en la cual dispone que “podrán presentarse denuncias anónimas” (artículo 4, número 4).

Pero no solo que lo permite, sino que protege a estos seres (los anónimos) que vilmente actúan. Se ordena que “la Administración Tributaria deberá salvaguardar la identidad del denunciante” (artículo 5). ¿Quién protege al denunciado mientras se lleva a efecto la investigación? El honor de los seres humanos en peligro.

Pero a los anónimos denunciantes que pueden impulsar la investigación desde la sombra, también se les da otra ventaja: pueden denunciar sin presentar documentos originales. ¡Belleza! Si la denuncia es falsa o es archivada, el denunciado no puede actuar contra ese cobarde que se cubre detrás de una resolución del SRI.

La acción penal de calumnia, o la acción civil de daño moral por la actuación del anónimo denunciante, no se pueden presentar en contra de un fantasma.

Este tipo de resolución, ¿acaso no es una forma de impulsar el espionaje? ¿Será, tal vez, una manera solapada de infundir miedo en una sociedad que está empezando a despertar de la larga pesadilla del socialismo del siglo XXI?