Marco Arauz

Demo-duras

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17 de June de 2012 00:01

¿De quién es la información que se produce en el Estado? Si en el Ecuador se viviese una situación política normal, no anormal ni paranormal, la respuesta sería fácil. Es información del público, y ese derecho se sustenta en tradicionales postulados constitucionales que la llamada “revolución ciudadana” refrendó a su modo en Montecristi.

El artículo 18 de la Constitución señala que los ciudadanos tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información acerca de los hechos y procesos de interés general. Además, a “acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas".

Y si los ecuatorianos no aceptáramos como cosa corriente las imposiciones y las interpretaciones voluntaristas sobre derechos y garantías, se podría dar más argumentos contra la decisión inconstitucional de que los integrantes de la Función Ejecutiva no den declaraciones a los medios “mercantilistas”.

Más aún, la Constitución prevé acciones para garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna.

Pero resulta que este Gobierno, que proclama que su revolución no es de armas ni de sangre sino de leyes, cuando no cuenta con instrumentos aprobados dócilmente en la Asamblea para destruir o maniatar a quienes considera sus enemigos, simplemente interpreta los derechos a su antojo. Esta información pública, dice el Presidente, es solo para los medios públicos y comunitarios.

La verdad es que la situación no es nueva y ahora solo se la quiere radicalizar. Sistemáticamente, los funcionarios, dirigidos por la Secretaría de Comunicación, han entrado o han salido de los medios privados de acuerdo a su conveniencia. Y la pretensión ha sido contar con una agencia de noticias y con medios gubernamentales que tengan la iniciativa informativa. En la práctica, eso no ha funcionado, y ahora pareciera que la pretensión es cerrar la brecha entre los deseos y la realidad, apresurando la entrega de concesiones a medios comunitarios afines.

Si la decisión final es no estar en los medios privados, el Gobierno se dará varios tiros en el pie: proyectará la imagen de que quiere cerrarse aún más al escrutinio periodístico, que en las últimas semanas halla más motivos para exigir transparencia en su gestión. Asimismo, perderá la oportunidad de incidir en los debates públicos, ya que los medios que controla no pueden hacerlo. Pese a ello, contará con su maquinaria de propaganda y podrá mantenerse lejos de la fiscalización, una buena ecuación en tiempos de campaña, que han sido los más en la actual era política. Al fin y al cabo, eso es posible en un país que no resiente de las dicta-blandas y ahora vive, en nombre de los votos en las urnas y de las mayorías, una demo-dura.