28 de April de 2010 00:00

El delito de ser pobre

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Sebastián Mantilla Baca

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El viernes pasado acaba de aprobarse en el Estado de Arizona (EE.UU) una polémica ley que criminaliza a los migrantes indocumentados.

Dicha Ley convierte en delito residir en Arizona sin documentos y faculta a la Policía interrogar y detener a cualquier persona sospechosa de ser un inmigrante ilegal. Las sanciones van desde la prisión por un período de seis meses, multa de 2 500 dólares y su posterior expulsión del país. Hay que tomar en cuenta que en Arizona viven cerca de 400 000 personas, de un total de 11 millones de indocumentados que residen en los EE.UU.

Esta iniciativa ha generado airadas protestas no solo de parte de la comunidad hispana y organizaciones de defensa de los derechos civiles, sino también de los países Centroamericanos e incluso del mismo presidente de los Estados Unidos. Barack Obama ha condenado esta ley calificándola de “irresponsable” e inoportuna, ya que “contradice los principios básicos de justicia” que distinguen a los estadounidenses.

Para el gobierno mexicano, de acuerdo a un comunicado oficial difundido en estos días, esta ley, “lejos de contribuir a la cooperación entre México, representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes ”.

Sin embargo, para la gobernadora de Arizona, mentora de esta lamentable iniciativa, esto se justifica por la “incapacidad del gobierno federal de asegurar las fronteras”.

Aunque la inmigración incontrolada pueda ser considerada por las autoridades de los EE.UU. como una amenaza a la seguridad nacional, considero que nuevamente se cae en un error. Primero porque con la aprobación de esta ley no solo se ignoran los principios básicos de justicia consagrados en sus leyes -como ha mencionado el presidente Obama- sino que incluso se vulneran derechos fundamentales consagrados en la declaración de las NN.UU.

Segundo, porque al igual que en años pasados, cuando se construyó un muro a lo largo de la frontera con México, se cree que a través de medidas disuasivas, punitivas y persecutorias se va a solucionar el problema de la inmigración y del tráfico ilegal de personas. Lo único que se logrará es aumentar los costos relativos del paso y “regularización” de inmigrantes indocumentados. Mientras no se resuelva en nuestros países la pobreza, la inmigración seguirá siendo factor de riesgo constante.

Es necesario analizar con detenimiento cuáles son las causas y las consecuencias de los problemas. Es contradictorio que así como hablamos de libre circulación de mercancías no lo hagamos en términos de libre circulación de personas. Las realidades se imponen sobre los tratados y declaraciones de los derechos humanos.

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