19 de July de 2010 00:00

Delincuencia atroz

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Enrique Echeverría G.

Un fenómeno que ya existía pero que se ha expandido y profundizado, inclusive con nuevas formas, es la delincuencia contra la propiedad. Ladrones, con una decena de especialidades como el arranche, el descuido, el derribamiento de puertas han existido siempre en nuestro medio; igual que pequeños y grandes estafadores. En el tiempo actual –y desde hace una década- ha surgido la práctica de prestar dinero en cantidades pequeñas, con intereses diarios escandalosos y con medidas coercitivas y hasta amenaza de mutilaciones, en el caso del deudor que no paga.

Se conoce que a una persona que le prestaron 2.000 dólares para reparar el motor del bus, le cobraban 80 dólares diarios de amortización, hasta que la Policía capturó a los dos que, por desgracia, eran extranjeros. Descubierta la punta del ovillo, la institución arrestó a 42 personas dedicadas a este tipo de ‘préstamos’, encontrando que 10 tenían certificado de ‘refugiados’. Los hechos descubiertos apenas pueden ser el 10%, según estimación de la Fiscalía, donde recibieron 642 denuncias por usura, en el 2009; y, hasta marzo del año actual, 151. Extremos: una señora pidió prestados 80 dólares por los que pagaba 1 dólar diario. En tres meses pagó 170 dólares, divididos en: 90 dólares de intereses y 80 de capital.

El mecanismo de presión funciona así: si el deudor paga cumplidamente no tiene problemas; pero si se retrasa una semana, funciona el teléfono para recordarle que el pago está pendiente, y si no lo cubre le retienen cualquier bien de la casa. Si la demora continúa, la amenaza se exacerba, llegando al extremo de amenazar –según un jefe policial- de cortar los dedos a los niños. La Policía ha registrado un total de 12.430 amenazas en todo el país.

En definitiva, en nuestro Ecuador se han instalado mafias, con sus sistemas tradicionales de extorsión y venganzas, una de cuya expresión más malvada es la actuación de sicarios, o asesinos por paga, que actúan como parte de una red internacional de traficantes de droga; y, en menor escala, en el cobro de intereses usurarios.

La presión que soporta la Policía por no descubrir sicarios, podría llegar a extremos de prisa que sacrifiquen la justicia. Un ejemplo: en Guayas un Tribunal Penal impuso 12 años de reclusión porque en un ‘informe preliminar’ de la Policía se consignó: “No se descarta la posibilidad de que el señor X sea el actor intelectual de la muerte del señor Y” (asesinado por un sicario); y en cuanto a los testigos dice que ' “manifiestan de manera concordante que el señor X, días anteriores a la muerte del ahora occiso han tenido una discusión y han estado exaltados”.

El Poder político no admite la tesis de endurecer las penas, mientras día tras día, aparecen casos que causan espanto y miedo en los ciudadanos inermes y siempre desprotegidos y abandonados.

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