‘Al pueblo lo que es del pueblo” titula la propuesta número 3 para el “Socialismo del Buen Vivir” del “Programa de Gobierno 2013-2017” de movimiento oficialista Alianza Pais (AP). De las más de 30 propuestas que contiene el documento y que en general ratifican las políticas que se han venido ejecutando, aquella define la dirección que tomaría la “revolución ciudadana” en un eventual tercer mandato.
Se trata de una propuesta que hace énfasis en revertir la desigualdad que, según AP, “es una característica definitoria de los países de Latinoamérica”. El partido de Gobierno considera que ha logrado revertir la “desigualdad por ingresos” en Ecuador a través de políticas públicas activas, pero que es necesario avanzar en la redistribución de “los medios de producción (capital, tierra, crédito, tecnología, conocimiento, agua) y de los mercados para construir una economía incluyente y plural”.
De resultar reelegido, el Gobierno de la revolución ciudadana se verá presionado a avanzar en tal dirección, pues muchos piensan que no ha cumplido con las expectativas “redistributivas” de un Gobierno verdaderamente revolucionario y socialista. De ahí que vale rescatar algunas propuestas de interés empresarial que, por su redacción ambigua, pueden interpretarse de muy diversas maneras.
“Promover la ocupación plena de la infraestructura pública y privada para actividades productivas y comerciales”. ¿Significa que, de existir infraestructura privada que no se encuentra ocupada plenamente, las autoridades podrán disponer su ocupación por parte de terceros? “Impulsar y exigir la apertura del capital de las empresas privadas en los mercados de valores y regular la participación de los trabajadores en sus instancias de gobernanza”. ¿Implica forzar la apertura del capital de los grupos empresariales privados en favor del Estado o de otros inversionistas? ¿Busca redistribuir el poder en las empresas desde los capitalistas hacia los trabajadores, haciendo que estos últimos participen en las decisiones de los directorios y las juntas de accionistas? “Redistribuir la plusvalía en terrenos e inmuebles urbanos, especialmente la generada por la obra pública”. ¿Busca recuperar mediante impuestos las significativas plusvalías que los propietarios de inmuebles urbanos han obtenido en los últimos años? “Canalizar el crédito a las actividades productivas y regular que los ahorros locales se inviertan equitativamente en el país”. ¿Busca imponer el destino al que deben dirigirse los préstamos que ofrecen las instituciones financieras privadas? ¿Implica que los ahorros generados en el país no son de libre disponibilidad de sus dueños, sino que deben utilizarse para alcanzar objetivos políticos como el “desarrollo nacional”? Ojalá que muchas de estas dudas puedan despejarse durante la campaña que inicia este mes.