No son afirmaciones de campaña electoral sino hechos y resultados de acciones oficiales, al menos en tres sectores fundamentales de la vida, que han generado traumas y daños en las personas y han cobrado vidas de niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad: transporte terrestre, drogas y seguridad social.
En la década de este régimen se produjeron 267.647 siniestros de tránsito cuyo resultado ha sido 20.497 muertos y 192.943 heridos. Incluso estos datos, según expertos, se quedan cortos y aumentan porque no se registran como antes todos los muertos, con el cobro del SOAT. Hay casos que quedaron heridos y luego fallecieron. El triple accidente del 13 de enero último en la vía Yaguachi-Milagro, que dejara inicialmente 20 muertos y 38 heridos. Al día siguiente, en la sabatina, se admitió el alto índice de accidentes, se criticó la impericia de los conductores, el exceso de velocidad, el irrespeto de las señales de tránsito e incluso que eso es producto de que es muy fácil sacar la licencia de conducir, que es verdad. Sin embargo, resulta demagógico porque en este gobierno se eliminó la obligatoriedad de los cursos de capacitación de conducción y el problema no se arregla solo con más infraestructura sino con mejor recurso humano.
Se expidió el 2008 la Ley de Transporte Terrestre y a los 8 años se dan cuenta que no se aplica y le reclaman a la ANT por su ineficiencia. Se incumplen los art. 4 y 5 que dicen que es obligación del Estado controlar, exigir, garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en forma integral y permanente en tránsito y seguridad vial. Se dispone la enseñanza obligatoria (incumplida) de temas relacionados con prevención y seguridad vial en todos los establecimientos públicos y privados en todos sus niveles.
En materia de drogas, hay preocupación en las familias por el consumo de estupefacientes y la incidencia del microtráfico, que ofrecieron exterminarlo. Al contrario, el problema está latente cuando precisamente este gobierno estableció una tabla nefasta que facilita este mal.
La situación del seguro social es deplorable. No se conocen estados financieros actualizados y se incumple la Constitución y la Ley del IESS. Basta ir a sus hospitales para ver el deterioro y demora en la atención por el exceso de la demanda sin haber previsto su financiamiento. El gobierno decidió eliminar la deuda en salud, que llegaría a USD 2 500 millones. Ya no le pasa el 40 % para el fondo de pensiones y la deuda en papeles del Estado superaría USD 7 mil millones. La deuda en salud existe porque está establecida en la Constitución y en la Ley y varias autoridades del gobierno aceptaron e intervinieron en la firma de convenios. La Constitución y la Ley obligan al Estado la atención de salud de jubilados, discapacitados, personas con enfermedades catastróficas y al no pagar las deudas agrava más la situación.