Llegó el momento de las definiciones en el segundo debate de la Ley de Educación Superior en la Asamblea Nacional. Hay cuestiones de fondo que deben ponerse en el centro de su redacción final. Aquí están algunas de ellas:
Autonomía de las universidades y politécnicas, que les permita cumplir su misión de avance científico y crítica sin imposición gubernamental, pero en coordinación con el régimen de desarrollo.
Composición democrática y autónoma del Consejo de Educación Superior, en el que deben participar en mayoría miembros electos por los diversos componentes del Sistema de Educación Superior, de manera que pueda dirigirlo y regularlo con efectividad, combatiendo abusos e irregularidades.
Composición técnica del Consejo de Evaluación y Acreditación, que debe integrarse totalmente por académicos designados por concurso y sin la injerencia del Gobierno, para que pueda cumplir su misión de control de calidad de la Educación Superior.
Robustecimiento de la Educación Superior Pública, mediante la permanencia de Fodepeupo, el incremento y distribución adecuada de sus rentas y la creación de incentivos para la investigación científica y tecnológica.
Adopción de un régimen académico que garantice la calidad, a través de la racionalización de los niveles de titulación y de los sistemas de reconocimiento y equiparación de grados y títulos extranjeros. Creación de programas de excelencia, financiados con fondos especiales y destinados a promover doctorados y maestrías de investigación que afronten los problemas nacionales con calidad y oportunidad.
Sistema nacional de ingreso y nivelación, que garantice el acceso democrático y la capacitación previa de los jóvenes bachilleres que aspiran a la Educación Superior. Efectiva gratuidad y creación de becas y estímulos, que permitan que los estudiantes de escasos recursos puedan acceder y mantenerse en la universidad. Carrera docente renovada y garantizada, con disposiciones que garanticen una dedicación efectiva de los profesores a la actividad académica, con remuneraciones y estímulos adecuados, y con una rigurosa carrera que aliente la calidad educativa.
Racionalización del Sistema de Educación Superior, que detenga la proliferación de universidades, de sedes y extensiones, al mismo tiempo que exija a todas las instituciones riguroso cumplimiento de sus fines.
Política global sobre los institutos superiores, para que se evite que se profundice el caos actual y se perjudique a los estudiantes. Se debe dar una solución permanente a este nivel, en coordinación con el bachillerato.
Estos y otras disposiciones fundamentales necesita el país para poder contar con una Educación Superior de calidad y abierta al Siglo XXI, con verdadero espíritu de renovación democrática y sin autoritarismo.