No es una idea grandiosa, mucho menos novedosa, pero es una buena oportunidad. La figura del defensor del lector fue creada hace unas cinco décadas en medios de Estados Unidos y ahora, en Ecuador está planteada como una obligación legal.
Esta semana, el Consejo de Participación Ciudadana inició el debate del reglamento para su elección. Según lo estipula la Ley de Comunicación, cada medio de alcance nacional contará con un defensor.
En términos sencillos, el defensor es la conciencia crítica del trabajo de los comunicadores y un mediador con las audiencias, ahora más diversificadas alrededor de múltiples plataformas informativas. Y no es que en los medios no existiera autocrítica.
Quienes los conocen desde dentro saben que en las redacciones estructuradas y profesionales la planificación y la evaluación editoriales son tan importantes como la producción misma de los contenidos periodísticos.
Por eso es crucial el debate sobre la función y el perfil profesional de los defensores que observarán a una centena de medios de comunicación, a partir de enero del 2015.
Si estas dos características se definen a la medida del interés de la línea ofensiva del oficialismo contra los medios privados, será una oportunidad perdida. Los defensores pueden convertirse apenas en piezas adicionales del engranaje de la estrategia gubernamental orientada a cerrar el cerco de la libertad de prensa en particular y de la libertad de expresión, en general.
Si quienes se postulen y finalmente sean seleccionados pueden actuar despojados del prejuicio construido desde la propaganda pública, existe la posibilidad de preservar un modelo de comunicación libre y sobre todo diverso. Esto, dentro de la tendencia global de la comunicación 3.0, en la cual la audiencia no solo es receptora sino también generadora de los contenidos en función de sus particulares intereses. Por eso, de nada servirán los defensores de las audiencias que solo pretendan jugar a la ofensiva.