Farith Simon

Defendiendo delincuentes

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Existe una innegable tensión entre ciertas perspectivas de la seguridad pública y la defensa del debido proceso. Quienes abogan por la primacía de visiones securitistas, esas que asumen que todo vale en nombre de la lucha -o la guerra como muchas la llaman- contra la delincuencia, real o presunta, la presentan como si fuese una contradicción insuperable. A partir de esas lecturas se puede sostener que una cosa es defender a delincuentes y otra al debido proceso, o que un procesado sin una sentencia condenatoria en su contra, pero no con una sentencia absolutaria, es culpable porque no se lo ha declarado inocente.

La persecución penal a los delitos y a quienes los comenten es una obligación clave del Estado, todos tenemos derecho a vivir con seguridad en donde la impunidad no reine. Sería una omisión estatal muy grave que no se asuma con prioridad la investigación, juzgamiento y sanción de quienes incurren en comportamientos reprochables considerados delitos.

El debido proceso y la presunción de inocencia son un freno a los excesos que pueden cometerse en nombre de estas obligaciones. Describir adecuadamente las conductas punibles, establecer sanciones que respeten la proporcionalidad entre castigo y bien jurídico protegido, asegurar acceso a una defensa adecuada sin importar la gravedad de la conducta o el desagrado que el procesado nos provoque, recibir asistencia legal independiente, poder presentar e impugnar pruebas, ser juzgado por alguien independiente e imparcial, constituyen un medio para evitar los abusos. Sin presunción de inocencia las garantías carecerían de sentido, todos seríamos tratados como culpables por haber sido detenidos, acusados o procesados; muchas veces olvidamos que sin excepción estamos expuestos a ser acusados por una infracción (en el tránsito o los temas tributarios).

Al contrario de lo que muchas personas afirman la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso son una protección para los inocentes, su respeto tiene tanta importancia para la seguridad de un país como la lucha contra la delincuencia; defender su vigencia en todos los casos es una forma de prevenir los excesos, es una defensa de cada uno de nosotros, una forma de garantizar que ninguna persona sea tratada como delincuente mientras no se dicte una sentencia condenatoria luego de un proceso judicial rodeado de garantías.

Los miembros y ex miembros de la fuerza pública procesados por violaciones a los derechos humanos son un gran ejemplo; muchos acusados por negar esas garantías y excederse en el uso de la fuerza en nombre de la seguridad, en algún momento creyeron que podían ignorarlas en función de un fin que consideraban legítimo, ahora ellos los necesitan para no ser víctimas de excesos y abusos porque el poder cambia, es un péndulo en constante movimiento, por eso demandar que se garanticen los derechos no depende del lado en el que momentáneamente esté situada una persona.