Enrique Ayala Mora

Defender al Consejo

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Masivas marchas en Quito y Guayaquil expresaron su respaldo al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ante el intento de limitarlo en el cumplimiento de sus funciones. Un grupo de asambleístas pretendió que la Legislatura pidiera la intervención de la Corte Constitucional para que recortara las atribuciones que el Consejo recibió por decisión de una enorme mayoría en la pasada consulta popular. Lo central de la consulta fue preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo con una radical reforma de la institucionalidad que había montado el correísmo para garantizar la impunidad en su manejo abusivo y corrupto del poder. Los votantes le dieron al Consejo la responsabilidad de evaluar y, si es del caso, destituir y remplazar a los altos organismos y funcionarios del estado.

Fue un mandato claro que el Consejo debe cumplir. Para hacerlo tiene atribuciones extraordinarias que no pueden desconocerse o limitarse con maniobras políticas. Puede expedir normas que prevalecen sobre las leyes y reglamentos, especialmente los que regulaban al Consejo de Participación cesado por la consulta. Resulta ridículo, por ejemplo, que se pretenda que el Consejo transitorio quede atrapado por los reglamentos de su antecesor, que era un triste instrumento del correísmo para asegurarse de que no haya sanciones para la corrupción y se garantice la impunidad.

El mandato directo del pueblo soberano y el apoyo masivo que la gente le está dando al Consejo porque ve su rectitud y firmeza, no puede ser escamoteado por quienes protegen a los corresponsables de los abusos del correísmo. Sus atribuciones son amplias y suficientes. El único límite de sus competencias es la Constitución, cuyas normas deben observarse. El esperpento autoritario de Montecristi debe ser remplazado por una Constitución democrática lo más pronto posible, pero debe aplicarse mientras esté vigente.

Además de expresar su respaldo al Consejo, las manifestaciones presentaron una solicitud de apoyo a la petición de amnistía para los enjuiciados y condenados por los hechos del 30S. Una reacción presidencial violenta y provocadora ante la protesta policial desencadenó un enfrentamiento con muertos y heridos. Lo que pudo evitarse con equilibrio y prudencia, terminó en una masacre provocada para publicitar un “intento de magnicidio”. Varios militares, policías y civiles fueron acusados y enjuiciados por “sabotaje” y “terrorismo”, “rebelión”, entre otros delitos.

Algunos fueron condenados a prisión.
La reinstitucionalización del país demanda una acción enérgica del Consejo transitorio, que ha sido firmemente respaldado por el presidente de la República. También compromete un acto de justicia de la Asamblea con quienes fueron las verdaderas víctimas del 30S. Para lograrlo, nadie se cansa.