Juan Cuvi

Decimoprimer mandamiento

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11 de July de 2013 00:02

La participación ciudadana está sometida a una asfixia progresiva. El Decreto Ejecutivo 16, de reciente aprobación, es la constatación palmaria de que al Régimen le incomoda profundamente la iniciativa social autónoma. De las épocas en que altos funcionarios del gobierno y cuadros de Alianza País cifraban en la acción ciudadana la mejor defensa de la democracia, no quedan ni vestigios. Signo evidente de que las formalidades del poder enturbian el entendimiento y nublan la visión.

El tránsito del discurso contestatario a la burocracia estatal resultó ser más embrollado y traumático de lo que se pensaba. La pregonada distribución del poder a las bases sociales -o sea, compartir la capacidad de tomar decisiones- se estrella con una cultura autoritaria y clientelar convertida en patrimonio nacional. La delegación de funciones a los representantes políticos termina promoviendo el conformismo de los electores y la viveza de los elegidos. Los primeros se descargan de sus responsabilidades, mientras los segundos asumen una autoridad mesiánica que justifica todo tipo de arbitrariedad.

La idea de controlar y regular a las organizaciones sociales desde el Estado es un viejo sueño de la derecha. De la derecha más recalcitrante. Aunque para ello recurra a eufemismos como "acompañarlas", tal como pregona el mencionado Decreto. En el fondo, es la anulación de lo político a favor de lo policial. Bastará con una simple denuncia para iniciar un proceso de investigación que, eventualmente, derive en la liquidación de cualquier organización. El mandato no se anda por las ramas: santifica como causal de disolución de las organizaciones sociales "dedicarse a actividades de política partidista reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral".

Lo más sorprendente es que varios de los actuales dirigentes, ministros y asambleístas del oficialismo provienen de una experiencia que hizo de las organizaciones no gubernamentales una plataforma para la actividad política, esa sí abiertamente partidista. En su momento, estas instituciones se crearon con el objetivo de apuntalar la construcción de agrupaciones o partidos políticos de izquierda. Sin tapujos.

Hoy el propósito del Gobierno es evidente: reducir a las organizaciones comunitarias, barriales, no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y corporaciones a la simple condición de tramitadores, so pena de incurrir en actos ilegales. La idea de que la política debe ser el territorio de los derechos y aspiraciones ciudadanas ha sido trocada por una concepción de lo más restrictiva y reduccionista.

Con este Decreto, la nueva religión de Estado impone el relativismo legal e institucionaliza el último mandamiento del correísmo: no participarás.