Miguel Rivadeneira

¿No decían que no hay crisis?

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El discurso oficial envuelve a los ecuatorianos y en año electoral no se quiere asumir el costo político de la aguda crisis económica.

Solo se piensa en las próximas elecciones y no en las siguientes generaciones. Con la reforma laboral vigente desde el 20 abril del 2015 se golpeó duramente al seguro social con la eliminación del aporte del Estado del 40 % para pagar jubilaciones, que se había entregado por décadas y que financiaba el fondo de pensiones. 


Se desconoció y se dejó de pagar las deudas para el fondo de salud que, según la Constitución y la Ley del IESS, el Estado está obligado a entregar como contribución financiera. El argumento politiquero es que no se han reducido las pensiones jubilares pero no se quiere entender que un sistema previsional requiere acumular reservas para sostener y poder pagar a futuro. 


La última reforma laboral, que creara el seguro de desempleo, reducirá el fondo individual de cesantía, que los trabajadores acumulaban mes a mes con su aporte personal y patronal del 3 %. Basta revisar la ley. Cuando retiren su cesantía será menor a la que podían coger sin esta ley aprobada por el Régimen.

Debido a la urgente necesidad de recursos para enfrentar los apuros, pagar deudas y salarios y tapar baches salen a buscar nuevos créditos, que aumentará la deuda externa, que los ecuatorianos tendrán que pagar.

¿No decían que no hay crisis? Envían a la Asamblea el proyecto urgente de Ley Orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas, que aumenta impuestos para financiar el enorme gasto público y propone tributos a las pensiones jubilares, lo que es inconstitucional e ilegal porque prohíbe la Constitución y el Código del Trabajo.

Se propone ampliar impuestos no solo a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas y azucaradas, que hacen daño a la salud, pero este es un problema cultural y poco se ha hecho con campañas preventivas y educativas, para lo que debieran servir las cadenas oficiales, a veces injuriosas contra ciudadanos indefensos frente al poder, para cambiar los hábitos de la gente.

La propuesta va a golpear más a la clase media y baja, que consume colas y cerveza, a la que se le trasladará el aumento de precios. Afectará a personas con discapacidad.También a jubilados y de la tercera edad, tan golpeados por las decisiones de este Régimen. Va a fomentar el contrabando, difícil de erradicar, y la evasión tributaria.

No contribuye a buscar salidas estructurales a la crisis y genera mayor incertidumbre e inseguridad, que no ayudará a recuperar el crecimiento económico y sostener el empleo. Si existiera responsabilidad, deberían reducir drásticamente el gasto público y eliminar subsidios a derivados del petróleo que benefician a los que más tienen, sin afectar a los más pobres con la focalización para este sector.

Analizar el aumento al IVA, que es del 12 %, impuesto que afecta al bolsillo de los que más tienen y más consumen.