Emilio Godoy

DD.HH.-México

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23 de June de 2011 00:02

A pesar de que cuatro de las cinco condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México se basan en casos en el estado de Guerrero, sus efectos aún no dejan huella en esa zona, una de las más pobres del país.

"No podemos decir que hay resultados tangibles. Por lo menos se ha demostrado que las denuncias de las víctimas de casos de violaciones de derechos humanos eran veraces", dijo Abel Barrera, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Fundada en 1994, esta organización no gubernamental promueve desde la ciudad de Tlapa de Comonfort, unos 340 kilómetros al sur de la ciudad de México, el desarrollo comunitario, la educación en derechos humanos y la asistencia legal a los pueblos indígenas de la región.

Entre noviembre de 2009 y ese mismo mes de 2010, la Corte que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró culpable al Estado mexicano en cinco ocasiones por violar las garantías y los derechos fundamentales.

El primer fallo fue por el asesinato en 2001 de tres jóvenes mujeres en la norteña Ciudad Juárez, en lo que se conoce como el caso del "Campo Algodonero".

Los expedientes posteriores se refirieron a sucesos cuyo escenario fue Guerrero, una zona donde actúan narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros de izquierda.

La Corte de la OEA, con sede en San José de Costa Rica, condenó en 2009 al Estado mexicano por la desaparición forzada en 1974 del maestro y dirigente comunitario Rosendo Radilla.

Luego, en agosto pasado, esa instancia presidida por el magistrado peruano Diego García-Sayán, dictó dos sentencias condenatorias más, por las indígenas mexicanas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ambas violadas por militares en 2002 en suelo guerrerense.

Finalmente, la Corte responsabilizó de nuevo en noviembre pasado al Estado mexicano por los casos de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados en 1999 por soldados y condenados en 2000 a 6 y 10 años de cárcel, respectivamente, imputados de portar armas y sembrar marihuana.

El Gobierno mexicano de Felipe Calderón efectuó este martes un acto de reparación pública a favor de Montiel y Cabrera, en cumplimiento del laudo de la Corte. De hecho, el Poder Ejecutivo eligió la sentencia menos compleja y la última, según organizaciones de derechos humanos.

En Guerrero, más de 100 defensores de derechos humanos han sido amenazados y han recibido protección provisional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA con sede en Washington.