La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolana dictó sentencia por la cual -entre otras limitaciones- imposibilita a la Asamblea Nacional de oposición investigar la designación de los Magistrados de 23 de diciembre de 2015; es decir, resolvió sobre un asunto donde tiene conflicto de interés directo respecto de su propia designación.
Los Magistrados se auto declaran independientes y los Asambleístas afirman que no acatarán lo resuelto por dicho Tribunal. ¿Una lentitud de la oposición parlamentaria? El resultado es una laguna y pugna de poderes entre el legislativo y el judicial.
De los dos poderes ¿quién tiene la razón? y ¿quién tiene la verdad? Sobre ello hagamos un poco de historia y de histeria.
En Estados Unidos, en la polémica votación y errores en el conteo de votos del año 2000, en el juicio George W. Bush versus Al Gore, los entonces candidatos presidenciales hicieron un pacto de caballeros de que acatarían lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y así lo hicieron.
En Ecuador, hace 16 años el ex Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el feriado bancario y el congelamiento de los fondos de los ecuatorianos, empero su sentencia no fue ejecutada al no ser notificada, ya que el sistema financiero en ese momento podía colapsar. Ello fue un pacto entre dos poderes del Estado.
Nuestro ex Congreso Nacional destituyó al presidente Abdalá Bucaram y la Vicepresidenta (1 día presidenta Rosalía Arteaga); pero fue ello ¿legal? ¿legítimo? ¿o fue exclusivamente la fuerza de las masas congregadas afuera del Congreso Nacional y del Palacio de Carondelet?
La Constitución Bolivariana en su Artículo 350 dicta, “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.” Por obvias razones este Artículo se obvió citar el Tribunal Supremo.
Al final del día, ¿qué se debe imponer? ¿la política?, ¿la decisión judicial?, ¿la decisión judicial si no fuera política?, o ¿el Derecho?. La diferencia entre dictadura y
Estado de Derechos.
La oposición legislativa de Maduro afirmó el desacato de la decisión del Supremo. ¿El fin justifica los medios para el poder? Visto por personas de países donde se respeta la Carta Magna se ve inaudito y salido de un cuento de hadas.
¿Quién entiende? La cuestión actual, ¿desconocer o no desconocer al poder judicial? El no hacerlo reflejará debilidad en las instituciones estatales o el mandato popular; contemplado desde afuera parece toda una cantinflada.