Arturo Moscoso Moreno

¿Daños irreparables?

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Dos ingratas sorpresas nos dio la OEA esta semana en relación con la consulta. La primera, el Informe Preliminar de la Misión de Expertos Electorales en el que cuestionan la legalidad y constitucionalidad de la forma en que se la convocó, sugiriendo incluso que la Corte Constitucional (CC), podría pronunciarse sobre estos temas en lo posterior.

Este informe asombra porque parece que en la OEA no se ha comprendido o analizado a profundidad la fundamentación legal mediante la cual se realizó la convocatoria, que se hizo al amparo de lo determinado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que establece que si la CC no resolviere sobre la convocatoria dentro del término de 20 días se entenderá que ha emitido dictamen favorable.

La CC no podía alterar esos plazos a través de un reglamento que ésta mismo promulgó, como se pretendía. De esta forma, la consulta fue convocada cumpliendo el debido proceso y ni la CC ni la OEA o alguno de sus organismos tendrían nada que decir al respecto, peor aún cuando ha recibido el apoyo mayoritario de los votantes ecuatorianos.

La segunda sorpresa ha sido la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para que se tomen medidas provisionales a fin de que el Estado ecuatoriano se abstenga de cesar en sus funciones a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sorprendió la solicitud, primero, por la celeridad con que una petición de esta naturaleza fue tramitada; esa celeridad es digna de mejores causas, algunas de las cuales reposan años en los archivos de la CIDH; y segundo, porque se pretende interpretar que cesar a dichos funcionarios pone en riesgo sus derechos humanos fundamentales.

Y es que las medidas provisionales que puede ordenar la Corte IDH tienen como objetivo proteger a las personas de daños irreparables frente a situaciones de gravedad y urgencia, siendo el estándar para otorgarlo que ese posible daño esté vinculado a la vida y a la integridad personal (por eso lo de irreparables). Eso ha motivado a la Corte IDH a desestimar de plano las medidas solicitadas por la CIDH con una resolución que, además, constituye un fuerte llamado de atención a la conducta de este organismo en todo este asunto.

De esta forma, ya no existe impedimento alguno que permita cumplir la voluntad de millones de ecuatorianos que, en un intento de recuperar la democracia y la institucionalidad tan deterioradas en la última década, han votado por cesar a estos funcionarios que, en lugar de ser garantes de la independencia de poderes y del accountability en el Ecuador, han sido instrumentos de control y persecución provocando, ellos sí, daños casi irreparables a nuestro país, de los que sí deberían preocuparse la OEA y la CIDH.

Columnista invitado