Alivio y expectativa

La carta que el señor Ministro de Cultura ha dirigido al director de este diario es realmente tranquilizadora: en ella ha hecho algunas aclaraciones sobre ciertas disposiciones del proyecto de Código de Cultura que la cartera a su cargo está preparando. Puesto que se trata de la palabra de un Ministro de Estado, hay que tomarla en serio: la Agencia de Control y Regulación a la que se refiere el capítulo XVIII del Libro IV del borrador que he conocido (o sea, el que comprende desde el artículo 179 hasta el 182), solo debe referirse al patrimonio, por lo cual se entiende que el título que dice “De la Agencia de Regulación y Control de la cultura y el patrimonio”, deberá ser debidamente rectificado, lo mismo que las expresiones equivalentes que figuran en todos los artículos mencionados.

Queda en pie, sin embargo, la preocupación sobre las disposiciones de este proyecto de código que se refieren a la Casa de la Cultura. Constan en el capítulo V del Libro III, que comprende desde el artículo 52 hasta el 67 y guardan concordancia con las respectivas disposiciones que constan en todos los capítulos de este Libro, relativo al Sistema Nacional de Cultura. De su lectura se desprende que la Casa será convertida en un sustituto de las ineficaces direcciones provinciales de cultura, o sea que, después de perder su organicidad institucional, se reducirá a una serie de dependencias ministeriales.

Coincido con todas las personas que consideran necesaria una profunda reorganización de esta entidad que, por coincidencia, se encuentra celebrando sus setenta años de existencia. No obstante, pienso también que la anhelada reorganización no debe confundirse con su virtual desaparición. Desde mi punto de vista no se trata de un problema de simple organización, ni de estructura ni de su naturaleza jurídica, aunque presupone todo ello, sino de la filosofía misma que se encuentra en su raíz. A estas alturas ya no podemos seguir pensando que el Ecuador debe ser una “pequeña gran patria de cultura”: es preciso conceptuar a nuestro país y su cultura con más profundidad, y hay que entender esta última como la condición fundamental para que pueda alcanzarse el sumak kawsay o “buen vivir”, adoptado por el actual gobierno como piedra angular de su propuesta política. Pienso que una reflexión seria sobre el tema deberá empezar por precisar que el Estado no puede legislar sobre la cultura propiamente dicha, puesto que ella siempre lo rebasa, sino sobre las instituciones culturales que deben hacer viable la aplicación de una política cultural: el código que se prepara, por lo tanto, no debería ser código de cultura, sino Código Orgánico de Instituciones Culturales.

Es de desear que las autoridades del Ministerio se decidan prestar oídos a la comunidad cultural y particularmente a quienes tienen más experiencia en estos temas y un conocimiento más profundo, en lugar de acudir a consultorías que compensan la falta de imaginación con el recurso a la imposición de ideas descabelladas.

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