Enrique Echeverría

Cuestión de honor

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18 de July de 2011 00:01

La Asamblea Nacional está empeñada en legislar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación.

Cabe recordar que existe un acuerdo “ético político” que data del año 2009, en el que gobiernistas, independientes y opositores convinieron, entre varios asuntos, este: “Se admite un Consejo de Comunicación (Regulación) independiente del Gobierno”. Unos, pugnando por control de los medios; otros, asegurando que ese control se ajuste a la ley y que el Consejo no pueda –más tarde- copiar de la Ley Especial de Telecomunicaciones sanciones de amonestación escrita; (multa) de 1 hasta 50 salarios mínimos; suspensión temporal y hasta definitiva de los servicios; y, por último, cancelación de la concesión.

Actualmente, el Código Penal tiene todo un Título sobre los Delitos contra la Honra, con una amplitud tal que, por ejemplo, en el Artículo 490 incorpora como injuria no calumniosa grave (sancionada con uno a tres años de prisión). “Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia fueren tenidas en el concepto público por afrentosas”. “Las bofetadas, puntapiés u otros ultrajes de obra”. La injuria no calumniosa “leve” consiste …“en atribuir a otro, hechos, apodos o defectos físicos o morales, que no comprometan la honra del injuriado”.

Estos ejemplos son parte de los casi 50 casos o tipos de delito, que dicen los entendidos.

Mayor amplitud no cabe. Sin embargo, ya no por vía penal sino por vía administrativa podrían crear infracciones de cualquier contenido, a gusto de los adversarios de la libertad de expresión.

La Ley “administrativa” no afectaría únicamente a periódicos, revistas, estaciones de televisión y radio, sino a cualquier ciudadano. Recordemos que alguien que hizo un signo obsceno al paso del Presidente, dio con sus huesos en el penal; que a otros, por signo parecido o la palabra “fascista”, les fue mal en El Oro y en Riobamba.

Las expresiones injuriosas, constantes en el Código Penal deben ser sancionadas previo un debido proceso; que no estaría garantizado por “jueces” administrativos dependientes de la Función Ejecutiva; o los “liborios” de épocas pasadas.

¿Qué es la ética? Los legisladores saben que esta filosofía moral se interesa por los juicios de aprobación o desaprobación; lo correcto y lo incorrecto; la bondad o la maldad; la virtud o el vicio.

Si hay un acuerdo ético y lo violan para conseguir su propósito ¿acaso no faltarían a normas de honor y de caballeros?

¿Acogerían la afirmación presidencial de que la “prensa corrupta” es uno de los autores de los graves sucesos del 30 de septiembre? ¿Qué periodista impartiría la orden de rescate, en cuya ejecución se produjeron muertes?

Raya en lo inverosímil culpar a la prensa por el 30-S, sobre cuyo episodio el público conoce hasta los detalles transmitidos por la TV y más medios de comunicación.