Cuesta arriba

Una visita oficial a Alemania en la que el presidente Correa ratificó su interés por firmar un "acuerdo comercial" con la Unión Europea (UE) y mostró cierto pragmatismo sobre las inversiones extranjeras, ha despertado un renovado entusiasmo entre sectores empresariales locales, que veían con frustración cómo Ecuador quedaba marginado de las oportunidades de integración económica con las mayores potencias mundiales.

Definitivamente se trata de una buena noticia. Sin embargo, llegar a un acuerdo con la UE, o con cualquier otra economía desarrollada, le va a resultar "cuesta arriba" al Gobierno de la 'revolución ciudadana' por varias razones.

Acuerdos como el que Europa ha firmado con países vecinos -y que servirían de referencia para un eventual acuerdo con Ecuador- buscan promover el comercio y las inversiones bilaterales dentro de un contexto económico de mercado y de apertura a las fuerzas de la globalización. Ecuador no sólo que tradicionalmente ha carecido de una economía de mercado, sino que en los años de 'revolución ciudadana' ha reforzado un modelo económico centralmente planificado y de relativo aislamiento internacional.

Mientras que países como Chile, Perú o Colombia llevan décadas introduciendo reformas de libre mercado y han decidido abrirse al mundo, Ecuador ha venido poniendo a los mercados locales bajo un cada vez mayor control gubernamental, a la vez que mira con suspicacia el proceso globalizador.

Las dificultades que Ecuador ha tenido para avanzar en un acuerdo con la UE, se deben al hecho de que muchos de los compromisos que el país asumiría entran en conflicto directo con algunos de los principios fundamentales de la 'revolución ciudadana' y con sus políticas públicas.

Para muestra un ejemplo: la realidad de un sistema bancario local cuasi estatizado -en la medida en que son las autoridades, no las fuerzas de mercado, las que determinan los tipos de interés, los precios de los servicios, las políticas de inversión, la propiedad, etc.- es inconsistente con los objetivos de un acuerdo comercial que busca 'abrir' oportunidades de negocios para inversionistas europeos, quienes difícilmente estarán interesados en invertir en industrias plagadas de restricciones.

Pero la traba más importante para un eventual acuerdo es de tipo político e institucional. La 'revolución ciudadana' se jacta de haber arrebatado a las élites económicas su capacidad de influir, e incluso determinar, las políticas públicas. Un acuerdo con la UE devolvería a grupos económicos locales e internacionales alguna capacidad para influir y hasta enfrentar aquellas políticas gubernamentales que restringen el libre comercio y la inversión. Lo que a su vez debilitaría un sistema de poder centralizado que constituye la base de la institucionalidad vigente y de la estabilidad política alcanzada en los últimos años.

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