Enfoque internacional

Cuantificar un atroz flagelo

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2 de July de 2013 00:01

No obstante el consenso que hoy existe sobre el secuestro como detonante de un irreversible proceso de degradación del conflicto, faltaba un esfuerzo para poner en números su real dimensión. Una tarea fundamental si se quiere darles a quienes lo han padecido en el caso de los que son responsabilidad de las FARC, el lugar que se merecen a la hora de reconocer el sufrimiento de las víctimas y recuperar una parte de la verdad histórica.

Luego de cruzar información de bases de datos de cuatro entidades oficiales, más una exhaustiva revisión de prensa y diferentes publicaciones, los investigadores lograron por fin elaborar la más completa radiografía de tan terrible flagelo que se haya hecho en el país. Los resultados son reveladores e impactantes. Comenzando por el de los 39 058 colombianos que padecieron este delito entre 1970 y el 2010, incluidas las 301 personas que lo sufrieron más de una vez. La recopilación de casos muestra que la duración más frecuente estuvo entre uno y treinta días -cerca del 60 por ciento- y que quienes más lo han sufrido son comerciantes, personas ligadas al sector agropecuario y funcionarios públicos, incluidos, desde luego, soldados y policías.

Llama la atención, también, la escalofriante cifra de 10 466 secuestrados cuya suerte hoy se desconoce. Similar sensación produce conocer que el 15 por ciento de los plagiados fueron menores de edad, o que en el 17 por ciento de los episodios documentados hubo tortura y violaciones de mujeres.

No menos desconcertante es la impunidad. Tiene que ser motivo de indignación saber que de 39 058 secuestros reportados, solo en 3 144 se condenó a responsables, que la duración promedio de una causa judicial es de seis años y que de 28 477 denuncias solo la mitad escalaron hasta abrirse una indagación.

Del total de casos registrados, el 84 por ciento tuvo fines económicos, lo que confirma que, si bien en los años setenta y comienzos de los ochenta fue utilizado principalmente como arma para ganar espacios políticos, pronto se consolidó como una atroz empresa criminal. Es de recalcar, igualmente, que tuvo su máximo auge a finales de los noventa, cuando se dispararon tanto los casos como la codicia de los criminales. Fue en aquellos años cuando más altas eran las pretensiones económicas de los plagiarios.

La indagación confirma lo que ya por otras vías se había podido establecer, y es que la guerrilla se entregó de lleno a esta práctica y a niveles que erizan la piel: de 9 000 secuestros con autor conocido, las FARC y el ELN son responsables del 58 por ciento. Y de ellos, 37 por ciento corres ponde a las FARC, unos 3 400, aunque podrían ser más, pues, si se incluyen los que se presume fueron de su autoría, la cifra rondaría los 10 000. Es revelador que del total atribuido a dicha organización, el 81 por ciento tuviera motivos económicos.

En cifras absolutas, Antioquia fue el que más casos registró, seguido de Valle, Cesar y Bogotá.

Queda claro que, desvirtuando algunas preconcepciones al respecto, sus víctimas se encuentran en todos los estratos. Y que, así como ya se superó la horrible noche de su auge su tope fue en el 2002, cuando se contaron más de 3 000.