El velar por una ciudad es una tarea múltiple y diversa. Si bien lo visible hace referencia a mejorar las vías, el transporte, la higiene o ajustar la planificación urbana, no deja de ser menos importante el manejo y cuidado de sus valores culturales y simbólicos. Una ciudad no se hace solo de calles y casas; es de tal o cual manera porque sus habitantes la perfilan y transforman.
Somos los ciudadanos quienes hacemos ciudad, su historia; quienes denunciamos sus carencias o celebramos los aciertos en su conducción. Por ello, la patrimonial ciudad de Quito cuenta –como todas las ciudades del mundo- con una Secretaría de Cultura. Una de las posiciones honrosas más importantes de una ciudad es la del cronista quien, entre otras funciones, está a cargo del Archivo Metropolitano de Historia.
Su labor ni política ni ideológica es informar sobre aspectos relevantes que definen histórica y culturalmente a la ciudad y que pueden ser claves en la toma de decisiones. Por citar una de las más graves y notorias a la que se hizo caso omiso: colocar una estación del metro en la Plaza de San Francisco.
A mediados del 2014, el alcalde Rodas tuvo el acierto de nombrar a Alfonso Ortiz como cronista de Quito. Quien más que él para ocupar el cargo. Un historiador de la ciudad que ha trabajado durante 4 décadas en descifrarla, conocer sus costumbres y tradiciones, recorrerla con estudiantes o diplomáticos, y crear en quienes le conocemos, una sensación de arraigo indescriptible. Es para todos un referente importante. Su generosidad sin límites ha servido para enriquecer proyectos culturales importantes de la ciudad y crear redes de apoyo.
A fines del 2016, se le pide la renuncia sin explicación alguna tras dos y medio años de no recibir respuesta alguna para mejorar la clamorosa situación del Archivo, que denuncia y hace conocer en diferentes dependencias municipales. No hay interés, ningún interés. El Archivo no ha sido catalogado en su totalidad, ni digitalizado; reposa en un lugar que presenta pobres condiciones para su subsistencia; cuenta con un personal mal pagado e insuficiente; no se realiza investigación ni publicación alguna desde hace tiempo, falta de fondos; no se amplían sus fondos documentales…
¿Qué, entonces, ocasiona la solicitud de su renuncia? Al parecer, una razón exclusivamente política: el cronista Ortiz respeta e informa sobre una decisión tomada en la alcaldía de Barrera: nombrar una calle Arturo Jarrín Jarrín por pedido de la asambleísta Buendía, premiado post mortem por el Congreso con la presea “Vicente Rocafuerte. Su tarea era la de simplemente informar; la del Concejo, el tomar la decisión. Entonces, ¿por qué se pide la cabeza del buen Ortiz quien no tenía vela alguna en este entierro?
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